Curso “ España frente a la amenaza yihadista: Los retos actuales del Antiterrorismo”, con la FVT y la URJC en Aranjuez (Madrid)
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha acogido por segundo año consecutivo un curso de verano sobre terrorismo yihadista organizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en esta edición en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT). Los días 29 y 30 de junio la sede en Aranjuez de la URJC ha sido el escenario en el que se ha desarrollado el curso ‘España frente a la amenaza yihadista: los retos actuales del antiterrorismo’, dirigido por el catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad de la URJC, Fernando Reinares Nestares, reuniendo a algunos de los principales especialistas, responsables institucionales y expertos en seguridad del país para reflexionar sobre la evolución del terrorismo yihadista y las estrategias actuales para combatirlo. Todas las intervenciones tuvieron como nexo de unión un diagnóstico compartido: la amenaza se ha atomizado, digitalizado y rejuvenecido, y la respuesta del Estado libra una carrera tecnológica (sobre todo con la Inteligencia Artificial) y normativa que aún no ha ganado.
La inauguración del seminario contó la participación de su director, los máximos responsables del Memorial y la FVT, Florencio Domínguez Iribarren y Juan Benito Valenciano, así como de la subsecretaría del Interior, Susana Crisóstomo Sanz, y la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez. Fernando Reinares planteó desde el inicio que el foco debía desplazarse del análisis “casi clínico” de la evolución del fenómeno terrorista hacia “el examen crítico de las respuestas institucionales”, y defendió que la legislación y la supervisión judicial no son un freno, sino las garantías que legitiman la acción del Estado. Florencio Domínguez comenzó subrayando la importancia del curso como “el foro académico de mayor nivel en las aulas sobre el terrorismo yihadismo”. Domínguez recordó que “el yihadismo es hoy el principal reto de seguridad para España”, con más de 300 víctimas mortales españolas si se suman los atentados en territorio nacional y los perpetrados en el extranjero contra militares, policías y ciudadanos españoles. En su intervención subrayó un punto incómodo: la memoria pública es selectiva, y tiende a eclipsar a víctimas “como con las 93 personas asesinadas por el GRAPO”, a las que quiso reivindicar como parte inseparable del relato democrático sobre la violencia política. Juan Benito reivindicó la necesidad de “una claridad moral” como “imperativo ético y activo estratégico”. Alertó de que el yihadismo ha demostrado “una capacidad de adaptación extrema, en especial en el entorno digital, donde ha adaptado sus métodos de captación y propaganda”. Desde el Ministerio del Interior, la subsecretaria Susana Crisóstomo proporcionó datos destacados sobre el Memorial, que el pasado 1 de junio cumplía cinco años de su apertura al público con 140.000 visitas, a las que hay que añadir otras 100.000 a las exposiciones itinerantes del Memorial por toda España. La subsecretaria del Interior reafirmó que la lucha antiterrorista “no es una política coyuntural”, sino “una política de Estado que exige cohesión real entre instituciones, academia y ciudadanía, sin convertir la seguridad en arma partidista”.
La primera ponencia “Pilares de la estrategia española de lucha contra el terrorismo” fue moderada por Carola García-Calvo, investigadora principal del Real Instituto Elcano (RIE) y profesora de la URJC que en formato entrevista dio la palabra a Loreto Gutiérrez Hurtado, ingeniera aeronáutica, general de Brigada del Ejército del Aire y del Espacio y directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Ambas destacaron que el marco de referencia actual es la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT), aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 19 de marzo de 2024. Este documento actualiza las prioridades del Estado para adaptarse a un entorno de amenaza volátil, consolidando un modelo integral que combina la respuesta operativa con la prevención social. Loreto Gutiérrez destacó que las estrategias del DSN “contemplan desde 2013 la amenaza del terrorismo yihadista desde el Sahel, la mutabilidad y adaptación y el terrorismo de segunda generación”. La directora del DSN recordó los cuatro verbos fundamentales de la ENCOT—prevenir, proteger, perseguir y preparar— y añadió un giro que condiciona toda la agenda: “El Sahel es hoy el epicentro global de la amenaza”, una región que concentra el 43% de las muertes mundiales por terrorismo, según los datos manejados por el DSN. Ese desplazamiento geográfico obliga a mirar más allá del eje tradicional Oriente Medio–Europa y a entender que las redes que operan en África tienen ramificaciones directas sobre el suelo europeo. Carola García-Calvo enlazó esta lectura estratégica con el día a día recordando que España mantiene desde 2015 el Nivel de Alerta Antiterrorista 4 sobre 5, y que una de las singularidades del modelo español ha sido precisamente integrar a la víctima en la propia estrategia, no solo como destinataria de atención, sino como referencia ética para calibrar las respuestas.
La segunda ponencia “Marco judicial y legislación frente al terrorismo yihadista”, reunió al presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández Martínez y al fiscal jefe de la Fiscalía de la AN, Jesús Alonso Cristóbal, moderados por Fernando Reinares. Juan Manuel Fernández definió a la AN como “un órgano especializado y centralizado, no excepcional”, a punto de cumplir 50 años (enero de 1977), que algunos como Junts siguen criticando como heredero del Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo. Fernández rechazó frontalmente esa acusación y recalcó que su naturaleza es ordinaria, “sometida a los mismos principios y garantías que el resto de la jurisdicción”. Explicó que las reformas del Código Penal de 2010, 2015 y 2019 han permitido “anticipar las barreras punitivas”, tipificando conductas preparatorias como el auto adoctrinamiento, con el reto de trazar “una línea clara entre prevención y criminalización de la mera curiosidad”. Insistió en que “la seguridad no debe implicar una modulación de derechos”, y que el éxito del modelo se mide también en su capacidad para no desbordar el marco garantista. El fiscal Jesús Alonso reveló uno de los datos que mejor ilustran el cambio de paisaje: “los menores radicalizados han pasado de unos 6–8 casos anuales a cerca de 50 tras la pandemia”, una multiplicación que vinculó a perfiles solitarios expuestos a propaganda en aislamiento. Señaló que estos jóvenes no encajan en la imagen clásica del militante yihadista, sino “en la del adolescente que hace de internet su entorno vital y donde encuentra discursos que le ofrecen pertenencia y sentido”. Como contrapeso, destacó que los programas de reeducación de menores mantienen hasta la fecha una tasa de reincidencia nula, un dato poco visible que destaca “la importancia de las socioeducativas frente a la mera respuesta punitiva”.
La sesión de tarde de la primera jornada estuvo dedicada a la “Respuesta policial especializada ante el terrorismo yihadista” con intervenciones de representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. El comisario principal y jefe de Operaciones de la Policía Nacional, Manuel Rodríguez García-Risco, advirtió de un desfase normativo crítico. El límite de detención de tres días y los plazos de instrucción de 12 meses que marca el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son, en su opinión, “claramente insuficientes para volcar y analizar forensemente un dispositivo moderno o seguir la pista de la financiación terrorista mediante comisiones rogatorias internacionales”. Reclamó una armonización legislativa europea urgente y resumió la filosofía de su unidad — investigar conductas, no ideologías — con una frase que hizo suya: “La vida es más rica en circunstancias de lo que la mente del legislador puede llegar a aprender”. La advertencia es clara: las normas fijan marcos, pero la realidad siempre va por delante. Desde la Guardia Civil, el teniente coronel Oliver Pérez López, de la Jefatura de Información, describió internet como el “hábitat natural” de la insurgencia digital. Expuso cómo el foco operativo ha pasado en muchos casos “de la neutralización física de individuos a la retirada sistemática de contenidos”, en un entorno donde cerrar una cuenta apenas tiene efecto si no se desmantelan las redes de producción y difusión. Compartió ejemplos de amenazas híbridas que ya están en marcha: una red logística de Hezbollah detectada en España que enviaba componentes para fabricar drones a el Líbano, y la cooperación considerada “ejemplar” con Marruecos, desde donde 155 combatientes terroristas extranjeros se desplazaron al Sahel el año pasado. En su análisis de la propaganda en África, Pérez López trazó un contraste entre las dos grandes franquicias globales. Al-Qaeda se muestra “más inteligente” que el Daesh al tratar de ganar “mentes y corazones”, adaptando sus mensajes a dialectos locales como los fulani (*) y buscando una inserción social prolongada, mientras el Daesh mantiene una política de destrucción más abierta, que puede resultar eficaz en términos de terror, pero menos sostenible en términos de arraigo. Esa diferencia no es solo doctrinal, tiene efectos concretos en cómo se perciben y se enfrentan estas organizaciones en el terreno.
Las policías autonómicas llevaron el debate a un terreno más cercano a la vida cotidiana. Aitor Mujika, comisario jefe de Inteligencia Criminal de la Ertzaintza, relató el incidente de Salvatierra-Agurain (Álava) del 12 de enero de 2026: un menor de origen paquistaní armado con machetes y cuchillos intentó entrar en un colegio del municipio alavés de unos 5.000 habitantes. Fue neutralizado a tiempo gracias a lo que Mujika describió como una “comunidad de inteligencia extendida”, basada en relaciones de confianza con el propio centro educativo. El caso, más allá del susto, muestra que la detección temprana depende “tanto de herramientas técnicas como de vínculos humanos en el entorno escolar y vecinal”. El oficial de la Policía autonómica vasca recordó además el informe TESAT de Europol, que cifra en aproximadamente una cuarta parte los detenidos por vínculos yihadistas en la UE en menores de edad, con casos detectados desde los 12 años. Son cifras que obligan a aceptar que el fenómeno ya no se limita a adultos y que la frontera entre adolescencia y militancia violenta se ha adelgazado. Desde los Mossos d’Esquadra, el inspector y jefe del Área Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia de la policía catalana Lluís Paradell introdujo la variable de la inteligencia artificial como multiplicador de capacidades del terrorismo. Describió cómo las herramientas de la IA facilitan la generación de propaganda, la traducción masiva a múltiples idiomas y la elaboración de manuales para evadir la vigilancia, todo ello a una velocidad que hace difícil mantener el ritmo desde las instituciones. Paradell habló de procesos de radicalización en niños “de 11 a 14 años”, que consumen contenidos a veces muy deseados sin que los adultos de su entorno sean conscientes de ello.
La segunda jornada del curso comenzó con una ponencia dedicada al papel de los Servicios de Inteligencia contra el terrorismo yihadista, en la que tomaron parte el responsable de la lucha contra el terrorismo yihadista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Manuel R. Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Torres analizó la transformación de los servicios de inteligencia desde el final de la Guerra Fría. Según su planteamiento, “las agencias diseñadas para vigilar amenazas estatales, jerárquicas y relativamente previsibles han tenido que adaptarse a un terrorismo yihadista más fluido, descentralizado y difícil de detectar”. La inteligencia ya no se limita a estudiar capacidades estatales, sino que debe interpretar voluntades individuales, procesos de radicalización y señales débiles. El catedrático de la Pablo de Olavide subrayó también la difuminación “entre inteligencia estratégica e inteligencia operativa”. La necesidad de evitar atentados inminentes ha obligado a los servicios a bajar al “nivel micro”, con una anticipación cada vez más quirúrgica. En esa lógica, el éxito ya no consiste solo en comprender una amenaza, sino en intervenir antes de que se materialice.
El jefe de la Unidad de Contraterrorismo y Yihadismo del CNI, aportó la dimensión operativa. Definió al Centro como un servicio de “360 grados”, capaz de integrar funciones que en otros países están repartidas entre varios organismos. Aun así, insistió en que el click fundamental sigue siendo la inteligencia humana, especialmente para penetrar en núcleos de decisión donde no llegan las señales digitales. El responsable del CNI vinculó su trayectoria profesional al 11 de marzo de 2004. Aquel día transformó su visión del contraterrorismo y convirtió la prevención de nuevos atentados en una motivación vital. También explicó la amenaza mediante la metáfora de “la pizza del terrorismo”, dividida en vectores como actores solitarios, combatientes terroristas extranjeros, prisiones, propaganda, islamismo radical y factores exógenos como el Sahel o Afganistán
La sesión matinal continuó con un panel dedicado a “iniciativas en prevención de la radicalización yihadista” comenzando por las prisiones. Aquí tomó la palabra Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, acompañado por Carola García-Calvo. Ortiz aportó datos y análisis sobre la población interna vinculada al terrorismo yihadista explicando la asimetría entre prisión preventiva y condena firme en este tipo de delitos. Según las notas, el sistema custodia a 24 internos con sentencia firme y 58 en situación preventiva, lo que sitúa la prisión provisional en niveles muy superiores a la media nacional. La explicación está en el adelanto de la barrera penal y en el uso del sistema como mecanismo preventivo, especialmente ante delitos como el auto adoctrinamiento.
Uno de los datos más relevantes fue la tasa de reincidencia en terrorismo yihadista: un 2,9% según el seguimiento citado en la jornada. El secretario de Instituciones Penitenciarias presentó este dato como un argumento a favor de los programas de intervención y desvinculación, que buscan reducir la conflictividad, trabajar la relación con la violencia y fomentar una formación multicultural en derechos humanos. La clasificación penitenciaria en grupos A, B y C permite distinguir entre terroristas, difusores de ideología y perfiles vulnerables. Herramientas como el Fichero de Internos de Especial Seguimiento y la dispersión geográfica fueron presentadas no como castigos añadidos, sino como instrumentos de control para evitar jerarquías extremistas. Por último, Ortiz González identificó un problema pendiente: el “agujero negro” de la libertad vigilada post-penal. Según explicó, cuando una persona no llega a ingresar en prisión por condenas cortas o suspendidas, Instituciones Penitenciarias carece de información técnica previa y los tribunales pueden no disponer de informes de evolución suficientes para valorar el riesgo. Esa desconexión fue presentada como una laguna jurídica y administrativa que requiere mejora.
Hubo una segunda parte de iniciativas preventivas de la radicalización desde el campo de los menores y de los espacios virtuales, con uno de los fenómenos más preocupantes actualmente: el desplazamiento del adoctrinamiento hacia entornos digitales, plataformas de nicho y espacios de juego. El moderador, Álvaro Vicente, del RIE, situó a la Comunidad de Madrid como un nodo central en la gestión de menores vinculados al terrorismo yihadista, al concentrar gran parte de los casos de internamiento desde 2014. Florentino Manuel Parra, jefe de servicio del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), citó una carta de Ayman al-Zawahiri dirigida en julio de 2005 a Abu Musab al-Zarqawi, entonces líder de Al-Qaeda en Irak (y para frenar su brutalidad difundida en medios): “más de la mitad de la batalla se desarrolla en el ámbito mediático”. Esa referencia sirvió para explicar que la propaganda no es un elemento periférico del terrorismo, sino una herramienta estratégica. Según su exposición, la maquinaria mediática del Daesh ha pasado de una estructura piramidal y sofisticada a un modelo más descentralizado, resiliente y simplificado. Plataformas como TikTok, Discord, Roblox, Internet Archive o Rocket Chat aparecen como espacios de difusión, contacto, almacenamiento y reconstrucción de comunidades radicales. En el caso de menores, la preocupación se centra en la estética lúdica, los escenarios de rol y los códigos visuales que pueden envolver el adoctrinamiento en formatos familiares para adolescentes. María Teresa García Membrives, directora del Área de Estudios, Programas y Formación en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, y profesora de la URJC, aportó la dimensión socioeducativa con datos base de su tesis doctoral todavía por leer. Defendió un modelo basado en evidencia científica y en intervenciones “a medida”, centradas en factores de riesgo dinámicos, familia, rutinas y proyectos vitales alternativos. Una de sus ideas más relevantes fue que las herramientas diseñadas para adultos no sirven necesariamente para menores; de ahí el uso de instrumentos específicos como PREVIA y GIRA. Maite García habló de una “mochila de vulnerabilidades” en la que pueden estar presentes experiencias traumáticas, acoso escolar, falta de pensamiento crítico o sobreprotección parental. La ideología, en ese marco, puede funcionar como una superficie justificativa de problemas emocionales y de identidad más profundos.
La sesión de tarde del martes 30 de junio comenzó con un análisis en profundidad de “la coordinación nacional y la cooperación internacional frente al terrorismo yihadista”. Francisco Coria Rico, jefe de la División Antiterrorista del CITCO, presentó el Centro como una estructura neutral, sin vocación de competir con los cuerpos investigadores y para coordinar, ordenar y evitar interferencias. Sobre todo, coordinar, destacando que “hoy existe una verdadera coordinación de las entidades investigadoras de los cuerpos policiales con más de 1500 investigaciones activas sobre terrorismo actualmente en España”. Coria también expuso la importancia de los sistemas preventivos basados en datos, como el Registro de Nombres de Pasajeros, las comunicaciones ciudadanas canalizadas a través de Stop Radicalismos y la Mesa de Valoración de la Amenaza. En conjunto, la intervención proyectó una idea central: la coordinación no es un complemento administrativo, sino un activo estratégico de seguridad nacional. En el plano internacional, Gonzalo de Salazar Serantes, Embajador y subdirector general de Cooperación Internacional contra el Terrorismo del Ministerio de Asuntos Exteriores, presentó la diplomacia como “una primera línea de defensa”. Su intervención situó la lucha contra el terrorismo en el marco de Naciones Unidas, el Foro Global contra el Terrorismo y la Coalición contra el Daesh. También advirtió sobre nuevas amenazas tecnológicas, comparando la inteligencia artificial actual con la aviación de 1910 o el ferrocarril de 1850: tecnologías en fase temprana cuyo potencial futuro aún no puede medirse plenamente.
El curso finalizó con la parte más emotiva: la dedicada a los testimonios de las víctimas del terrorismo. En esta ocasión fue una sesión especial en apoyo a las víctimas del terrorismo yihadista, moderada por Florencio Domínguez, con Montserrat Torija Noguerales, directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior; José Manuel Sánchez Riera, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Valenciana (AVTCV) y único superviviente de la emboscada de Latifiya (Irak) contra ocho agentes del CNI, el 29 de noviembre de 2003, y Pilar López-Menchero, hija de un subteniente de Caballería asesinado en los atentados del 11-M en Madrid.
La mesa abordó la respuesta del Estado, la evolución del trauma y el papel de la memoria como herramienta democrática y preventiva. Sánchez Riera relató su experiencia como único superviviente. Su testimonio mostró el impacto diferido del trauma: aunque se reincorporó pronto a sus funciones, años después sufrió una crisis de estrés postraumático que culminó en su jubilación por incapacidad permanente. Vivió un calvario de diez años en dos fases que le obligó a rehacer su vida familiar en una ciudad nueva: Valencia. El exmilitar explicó que el asociacionismo le permitió salir del aislamiento de la victimización individual. Desde su experiencia como presidente de la AVTCV, defendió “el valor del apoyo mutuo entre víctimas”, porque ofrece una comprensión que la Administración, por sí sola, no siempre puede proporcionar. Pilar López-Menchero aportó una reflexión especialmente significativa sobre la percepción social. Rechazó la “compasión” entendida como una “mirada de pena” que distancia a la víctima, y reclamó “empatía”, es decir, una comprensión real del proceso vital de quienes siguen conviviendo con el trauma. Pilar ofreció la perspectiva de las víctimas civiles y familiares, relatando el impacto que supuso para ella perder a su padre cuando apenas tenía diecisiete años y recordando la incertidumbre vivida durante las horas posteriores al atentado hasta la identificación de las víctimas en el IFEMA. Montserrat Torija explicó el modelo administrativo español, basado en una protección que puede activarse por indicios sin esperar necesariamente a una sentencia firme. Subrayó la importancia de la filiación policial en los primeros momentos tras un atentado, porque esa identificación inicial es la base jurídica para reconocer derechos, indemnizaciones y asistencia posterior.
Como reflexión final, se subrayó que la memoria debe entenderse como una auténtica política pública de prevención. Mantener vivo el testimonio de las víctimas, promover el pensamiento crítico y fortalecer la educación en valores democráticos constituye una de las herramientas más eficaces para impedir la legitimación de la violencia y reforzar la capacidad de la sociedad para responder al terrorismo desde los principios del Estado de derecho.
(*) Macrolengua hablada por unos 24 millones de personas en más de 15 países de África Occidental y Central, desde Senegal hasta Sudán
