Curso de verano “El terrorismo en la sociedad”, 6 y 7 de julio en El Escorial, con la FVT

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) volvían un año más, desde 2016, a los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial. En esta ocasión, durante los días 6 y 7 de julio, el curso llevaba por título “El terrorismo y la sociedad”, realizándose un recorrido donde se analizó la situación actual del terrorismo y el papel que las victimas desempeñan en la resistencia de la sociedad.

Las jornadas fueron inauguradas por Susana Crisóstomo Sanz, subsecretaria del Interior; Florencio Domínguez, director del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo; Javier López Ruiz, vicepresidente de la FVT y Miguel Ángel Ballesteros, director del curso. Crisóstomo y Domínguez destacaron que la amenaza actual se caracteriza por una asimetría táctica que busca fracturar la cohesión social. Frente a esto, la resiliencia se define como la contra-estrategia más efectiva, fundamentada en la memoria y la dignidad de las víctimas como barrera ética infranqueable

La primera conferencia “La lucha contraterrorista en España hoy” corrió a cargo de Javier Marín Lizarraga, general de Brigada de la Guardia Civil y jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior. El CITCO coordina la inteligencia antiterrorista y contra el crimen organizado con unas 200 personas.  El CITCO es la respuesta estratégica a un modelo policial asimétrico donde conviven la Policía Nacional y la Guardia Civil con policías autonómicas de diverso grado de madurez, como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Canaria. El centro actúa como “el nodo mediador indispensable para poner orden en el batiburrillo competencial de actores que incluyen funciones judiciales, de inteligencia y de vigilancia aduanera”. En datos ofrecidos por el general Marín, “en 2025 facilitó 22.000 acuerdos de coordinación entre cuerpos policiales, además de analizar los datos de 245 millones de pasajeros a través del registro PNR”. Marín cifró en 7 las operaciones antiterroristas ejecutadas en suelo nacional en 2025, con 13 más en el exterior con participación española.  El jefe de CITCO describió el perfil del terrorismo yihadista que ha experimentado una mutación demográfica crítica: el 51% de los detenidos en 2025 eran menores de 25 años, incluyendo a 14 menores de edad. Con una conclusión: “La radicalización se ha desplazado hacia el ámbito privado y digital, donde el autoadoctrinamiento sustituye a la jerarquía clásica”. Además “se observa una creciente prevalencia de actores solitarios que, en ocasiones, presentan cuadros de salud mental que los grupos terroristas instrumentalizan para facilitar la acción violenta”. Por último, Javier Marín explicó que la captación “se ha sofisticado mediante el tactical warfare (uso de memes), el entorno del dating y el despliegue de chatbots programados para suministrar propaganda de forma progresiva”. Ofreciendo una novedad significativa: “estos vectores digitales permiten a los reclutadores evadir la monitorización judicial y operar en “burbujas de odio” que aceleran el tránsito de la radicalización a la acción, aprovechando la vulnerabilidad de jóvenes hiperconectados”.

La siguiente ponencia “La amenaza terrorista procedente del Sahel” fue desarrollada por el coronel Jesús Díez Alcalde, analista sobre tema africanos África y terrorismo en el Sahel. Díez Alcalde aportó los datos más contundentes sobre “el epicentro mundial” del terrorismo yihadista: “el Sahel concentra hoy el 51% de las muertes por terrorismo en el mundo, frente al 1% de 2007, con 150.000 fallecidos en una década y una proyección de 19.000 víctimas para 2025”, reveló Díez Alcalde. Posteriormente aportó un dato demoledor que explica el círculo vicioso: “el 77% de la violencia contra civiles la ejercen las propias fuerzas estatales y el Africa Corps (antiguo Wagner), empujando a la población hacia los yihadistas en busca de protección”. Fracasadas las misiones occidentales de adiestramiento, la estrategia pasa por “contener y reforzar a Mauritania y Senegal como estados tapón, porque la estabilidad africana es, por definición, seguridad europea”.

La jornada de mañana finalizó con la intervención de Luis Heredero Ortiz de la Tabla, víctima de terrorismo y autor del libro “La protección legal a las víctimas de terrorismo en España. Nuevos retos y perspectivas”. Heredero expuso la ponencia sobre “La protección de las víctimas de terrorismo en España: balance del sistema legal vigente y debate sobre su armonización” desde su perspectiva de jurista y víctima del terrorismo. Doctor en Derecho e hijo del coronel Antonio Heredero Gil, asesinado por ETA-m en Salamanca, en 1992, desgranó las carencias del sistema de protección: “víctimas sin sentencia que cobran hasta la mitad que las que la tienen, un código postal indemnizatorio —nueve comunidades complementan un 30% las ayudas y otras nada—, la impunidad administrativa de los ongi etorris frente al régimen sancionador que sí contempla la Ley de Memoria Democrática, unos 400 asesinatos sin resolver y el exilio electoral de las cerca de 200.000 personas que abandonaron el País Vasco”.

Su advertencia resume el espíritu de las jornadas: “un sistema puede ser económicamente excelente pero éticamente fallido si normaliza políticamente a quienes no han roto con su pasado criminal”. Añadiendo que mientras “la protección de una víctima dependa de su lugar de residencia o de la fortuna de una sentencia” la promesa de Igualdad del artículo 14 de la Constitución “seguirá siendo una tarea inacabada de la democracia española”.

La tarde de la primera jornada reunió en una mesa redonda moderada por Miguel Ángel Ballesteros a tres veteranos del periodismo en torno a “el papel de los medios de comunicación en la lucha contra el terrorismo: Pedro PiquerasGómez, editor y presentador de informativos en TVE, Antena 3 y Telecinco; José María Irujo Amatria, jefe de investigación El País, y Ángel Expósito Mora, director y conductor del programa “La Linterna” de la Cadena COPE.Piqueras rememoró su decisión de emitir en el Telediario del 17 de octubre de 1991 las imágenes del atentado contra Irene Villa “el polvo, la destrucción, la angustia de una madre que despertó a una sociedad anestesiada”, tras un tenso debate con la directora de Informativos, María Antonia Iglesias. Irujo ejerció la autocrítica: “los medios fracasaron en las primeras décadas de ETA al dar más foco a los asesinos que a las víctimas”, y reclamó a los periodistas veteranos actuar como guardianes de la memoria frente al “blanqueamiento del pasado criminal”. Expósito situó la verdadera frontera sur en el eje Sahel-Mediterráneo y alertó del “uso del terrorismo como arma de guerra híbrida por actores como Rusia”.

Los ponentes coincidieron en que, en la era de la posverdad, el periodista tiene la responsabilidad ética de actuar como un filtro veraz. La información debe ser contextualizada y precisa, evitando el sensacionalismo que alimente el miedo irracional o que vulnere la dignidad de las víctimas. El análisis de impacto de estas intervenciones subrayó el papel del Periodismo como barrera frente a las narrativas extremistas. Se enfatizó que los medios deben rechazar la difusión de mensajes que generen odio y, en su lugar, ejercer una función pedagógica que ayude a la ciudadanía a comprender la complejidad del terrorismo sin caer en simplismos. El periodismo ético es, en última instancia, una herramienta de deslegitimación de la violencia.

La segunda jornada se abrió con la intervención de Rogelio Alonso Pascual, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), sobre “la comunicación del grupo terrorista Hamas”. Alonso diseccionó la comunicación de Hamas como una extensión deliberada del arma terrorista, con material grabado por los propios perpetradores que obligó a Ballesteros a pedir a los asistentes reserva absoluta.  Alonso describió el 7-O como un “horror arcaico” concebido para quebrar el sentimiento de seguridad de la sociedad israelí, y detalló los mecanismos de “distanciamiento moral” —del eufemismo de la “resistencia” a la culpabilización de las víctimas— con los que el grupo logra que parte de la opinión pública internacional asimile lo injustificable.

A continuación tomó la palabra Maite Pagazaurtundua Ruiz exparlamentaria vasca, expresidenta de la FVT y exeurodiputada con UPyD y Ciudadanos. Pagazaurtundua habló sobre “tratamientos del del terrorismo en la UE y la importancia de los movimientos sociales e iniciativas”. Centró su intervención en la idea fundamental de que “la derrota policial del terrorismo no garantiza por sí sola la victoria democrática si persisten las dinámicas de control social, el miedo y la manipulación del relato”. A partir de su experiencia personal como hermana de una víctima de ETA y activista contra el terrorismo, explicó “cómo determinadas formas de presión y censura continúan condicionando la libertad de conciencia incluso después del final de la violencia”, ilustrándolo con las dificultades para homenajear públicamente a su hermano, Joseba. Desde una perspectiva institucional europea, analizó la evolución de la legislación comunitaria en materia de terrorismo y víctimas, valorando los avances logrados en la armonización penal, aunque advirtió de “las carencias existentes en la aplicación efectiva de medidas contra la glorificación del terrorismo y en el reconocimiento de las necesidades específicas de las víctimas”. La ponente amplió su análisis al contexto geopolítico, alertando sobre las estrategias híbridas impulsadas por actores como Rusia para explotar fracturas políticas, culturales o territoriales con el fin de desestabilizar las democracias europeas. En este escenario, defendió que “la memoria de las víctimas constituye un recurso estratégico para fortalecer la resiliencia democrática y evitar la reescritura del pasado mediante discursos negacionistas”. Asimismo, subrayó la importancia de complementar “la acción institucional con iniciativas de prevención desde la comunidad”, poniendo como ejemplo el modelo desarrollado en la ciudad belga de Malinas. Como reflexión final, llamó a reforzar “el pensamiento crítico frente a la manipulación informativa y los sesgos amplificados por el entorno digital”, reivindicando “el compromiso cívico” como una herramienta esencial para proteger la democracia frente a cualquier forma de extremismo.

La última intervención de la jornada matinal la protagonizó Francisco José Llera Ramo, catedrático de Ciencia Política en universidad pública vasca (EHU) y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Llera abordó la cuestión de “las consecuencias sociales del terrorismo ayer, hoy y mañana”, con un análisis de la sociedad vasca “entre el dato y el relato”. Fundador del Euskobarómetro, la mayor encuesta permanente sobre cuestiones relacionadas con la sociedad vasca, Francisco Llera ofreció un diagnóstico demoledor sobre las secuelas sociales del terrorismo, particularmente el de ETA: más de 1.500 muertos por violencia política en España —855 a manos de la banda—, 20.000 víctimas directas, 10.000 extorsionados, al menos 50.000 exiliados y un coste del 10% del PIB vasco. Llera advirtió de que la derrota operativa de ETA no ha ido acompañada de una derrota política: la “espiral del silencio” persiste, los herederos de Batasuna ocupan instituciones sin haber condenado el terror y las víctimas corren el riesgo de pasar de referentes morales a “estorbo” político. El catedrático de la ahora EHU analizó la actualidad como un reflejo de una estructura social viciada. Citó la “limpieza ética” de baja intensidad presente en el ámbito educativo, ejemplificada por el escándalo de la selectividad (PAU), donde se detectaron anomalías “en 12 tribunales y 11 materias, favoreciendo sistemáticamente a centros nacionalistas”. Asimismo, resaltó las declaraciones del obispo de Bilbao, Joseba Segura, quien admitió que “no hay libertad para hablar del futuro del euskera por las tensiones que genera”. Para el analista, la presencia de herederos de Batasuna en instituciones clave, como la alcaldía de Pamplona, no es una anécdota, sino “la consumación de una estrategia de ocupación del espacio público por parte de quienes nunca han condenado el terror”. El ponente desgranó la “guerra psicológica” de ETA: la banda generaba un drama social insoportable para luego ofrecerse como el agente capaz de “liberar” a la sociedad de esa tensión a cambio de claudicaciones políticas. Esta dinámica buscaba imponer una “comunidad imaginaria” de corte comunitarista, homogénea y excluyente, que anulara el pluralismo. Llera definió el terrorismo como “un poder fáctico que utiliza la sorpresa frente a la alerta y el miedo frente a la firmeza, buscando debilitar la moral del enemigo (el sistema constitucional) hasta forzar un acomodo pragmático basado en la rendición ética”.

El momento más emotivo llegó con la mesa redonda con el testimonio de las víctimas del terrorismo, en donde Belén Sanz,  subdirectora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior dio la palabra a Alicia Gómez Condado, víctima de ETA; Víctor Pavón García, víctima del terrorismo yihadista en el atentado contra el restaurante ‘El Descanso’ y María Esther Sáez González, superviviente de los atentados del 11-M.

Alicia Gómez Condado centró su intervención en el atentado contra la cafetería Rolando, ocurrido el 13 de septiembre de 1974 en Madrid. Perpetrado por la banda terrorista ETA, el ataque empleó una bomba cargada con dinamita y 1.000 tuercas que actuaron como mil proyectiles indiscriminados. La autoría buscó maximizar el daño humano al elegir la hora de la comida, momento de máxima afluencia en el local. Su padre, “Paco”, un cocinero de 30 años con planes de futuro, fue una de las 13 víctimas mortales de este primer atentado indiscriminado de la banda en la capital. La ponente describió una “infancia desordenada”, donde el trauma se manifestó a través de una somatización extrema: a los cuatro años, el dolor psicológico era tan agudo que no soportaba el roce de las costuras de la ropa, viéndose obligada a vestir las prendas del revés para mitigar una rabia que no podía verbalizar. En este entorno de desolación, Alicia destacó la figura de su madre, quien decidió “levantarse del sillón” para evitar que sus hijas fueran arrastradas por el vacío, convirtiéndose en el pilar de supervivencia frente a una tragedia que detuvo el tiempo en su hogar. El duelo familiar fue agravado por el silencio institucional y las mentiras de la organización terrorista. Durante décadas, ETA negó la autoría del ataque y culpó a la ultraderecha, una versión que la familia creyó por años ante la falta de una investigación transparente. No fue hasta 2018, 44 años después, cuando la banda admitió su responsabilidad. Alicia denunció que, tras el asesinato, la puerta de su casa se cerró y ninguna institución acudió para ofrecer apoyo psicológico, económico o, simplemente, consuelo humano ante la orfandad. La participación de Alicia constituye una reivindicación de la memoria frente a la impunidad. Denunció que los verdugos de su padre nunca fueron detenidos ni juzgados, y jamás han mostrado arrepentimiento. Por ello, defiende que la memoria es un compromiso moral con la verdad que debe señalar a los asesinos por su nombre, transformando el testimonio en el último baluarte de justicia frente a quienes vivieron y murieron en la impunidad.

Víctor Pavón García relató su vivencia en el atentado del restaurante “El Descanso” (12 de abril de 1985), el primer ataque yihadista en suelo español. Víctor, que entonces tenía tres años y medio, recuerda el “flasazo” de la explosión en un local al que habían acudido para celebrar un cumpleaños. La arbitrariedad de la tragedia quedó marcada por un detalle fatídico: mientras el resto del grupo esperaba fuera, su madre entró un momento para preguntar si la mesa estaba lista y utilizar el baño, situado junto al dispositivo explosivo. Ella falleció en el acto; el resto de la familia sobrevivió físicamente a escasos metros. El atentado provocó la desintegración total del núcleo familiar. Su padre, aunque ileso físicamente, sufrió una quiebra psicológica que le impidió seguir ejerciendo como tal, lo que condenó a Víctor a una crianza itinerante entre casas de abuelos y tíos. El impacto radió de forma devastadora: su abuelo materno perdió la razón ante la pérdida de su hija, evidenciando cómo el terrorismo destruye estructuras mentales y familiares de forma colateral. Durante cuarenta años, la tragedia se convirtió en un tabú absoluto que nadie en la familia se atrevía a nombrar. Pavón criticó la cobertura mediática superficial de la época, donde el atentado —con 18 fallecidos— fue rápidamente olvidado por la prensa. Contrastó este olvido histórico con la ligereza actual de las redes sociales, donde el algoritmo de “carnaza” fomenta opiniones sesgadas y un cinismo que permite a los usuarios tomar partido en conflictos como si fueran eventos deportivos. Según Víctor, esta superficialidad digital es un insulto a la realidad del dolor de quienes han visto sus vidas destrozadas por ideales radicales. La relevancia de su testimonio es una denuncia contra la impunidad sistémica, ya que el atentado de “El Descanso” sigue sin tener condenas ni responsables identificados. Víctor subrayó la necesidad de una concienciación real frente a la radicalización que justifica el asesinato de inocentes. Su relato es una advertencia sobre cómo el terrorismo condena a los supervivientes a una vida de preguntas sin respuesta, marcada por la ausencia de un Estado que en 1985 carecía de protocolos de apoyo.

Por último, María Esther Sáez González, farmacéutica que en aquel entonces investigaba fármacos contra el cáncer y el infarto, aportó una perspectiva técnica y humana sobre el atentado en la estación de El Pozo. Su carrera profesional quedó truncada en un vagón del que solo sobrevivieron dos personas. Ester sufrió lesiones críticas que la situaron en el “Grupo 12” de los heridos más graves: sección de la arteria hepática, pulmones quemados y sordera. Su relato de supervivencia, rodeada de restos humanos y asistida por desconocidos valientes, refleja la crudeza absoluta del yihadismo. Su proceso de recuperación fue una decisión consciente de “crecer por encima del dolor”. El momento crítico ocurrió tras despertar de un coma inducido; debido a un coágulo epidural, Ester no reconoció las fotografías de sus propios hijos. Esa noche, en lugar de rendirse ante un pronóstico médico desalentador, decidió utilizar cada cura dolorosa y cada ejercicio de rehabilitación como un motor de identidad. Decidió que no se victimizaría, sino que lucharía por volver a ser la madre que sus hijos necesitaban. Esther ha consolidado una filosofía del perdón y la tolerancia que rechaza el “ojo por ojo”. A pesar de haber pasado por 13 cirugías y de que sus secuelas la obligaron a jubilarse a los 32 años —perdiendo su contribución profesional a la ciencia médica—, se ha negado a educar a sus hijos en el odio. Para ella, el perdón es una herramienta de liberación personal y una barrera para no convertirse en aquello que intentó destruirla, demostrando que la verdadera victoria sobre el terrorismo es la preservación de la propia integridad moral. Subrayó la importancia estratégica de su labor en las aulas para demostrar que las víctimas son “más fuertes y numerosas” que los ejecutores. Su testimonio busca dotar a los jóvenes de herramientas críticas para rechazar la violencia, utilizando su propia fragilidad física como prueba de la superioridad ética de los valores democráticos. Ester personifica la resiliencia que transforma el trauma en una pedagogía de la paz.

En la clausura, Florencio Domínguez desveló que propuso este curso a Ballesteros hace diez años y celebró que la colaboración haya cristalizado “con éxito rotundo”, bromeando con el “fichaje galáctico” del general. La Fundación Víctimas del Terrorismo agradeció la generosidad de los testimonios y emplazó a los alumnos a la próxima edición. La conclusión del encuentro cabe en una frase repetida en casi todas las mesas: la ausencia de atentados no equivale a salud democrática. La resiliencia social —alimentada por la memoria, la educación y la dignidad de las víctimas— es, hoy, un activo de seguridad nacional tan decisivo como la inteligencia o la ley.