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El Centro Memorial edita el balance del terrorismo en España en 2018

El Centro Memorial Edita El Balance Del Terrorismo En España En 2018

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha publicado un Cuaderno en el que se hace un balance del terrorismo en España durante 2018. La publicación, que cuenta con un prólogo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace un análisis de los episodios más relevantes relacionados con el terrorismo yihadista y con ETA. Este balance se une a los análisis que el Memorial viene realizando desde el año 2015.

Según los datos recopilados por el Centro Memorial, las operaciones policiales desarrolladas contra el terrorismo yihadista en España durante 2018 se saldaron con la detención de 29 personas sospechosas de estar implicadas en este tipo de actividades. Además de estos arrestos hay que mencionar la captura de otros 32 presuntos yihadistas fuera del territorio nacional como consecuencia de investigaciones en las que participaron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles. En total fueron 61 los arrestos llevados a cabo.

La cifra de detenciones en España es inferior a la de los últimos cuatro años, pero se ve compensada por las capturas exteriores que supera a las contabilizadas en los cinco años precedentes. Las FSE españolas participaron en investigaciones que condujeron a la detención de 16 personas en Brasil, a la captura de otras once en Francia, tres en Marruecos, una en Colombia y otra en Turquía.

Entre las actuaciones realizadas en el ámbito internacional hay que mencionar una operación que se inició con una investigación de la Guardia Civil sobre el aparato de propaganda del Daesh que condujo a la localización en Panamá un servidor que albergaba buena parte de las actividades propagandísticas del Estado Islámico. Siguiendo las pistas encontradas en los ordenadores de Panamá utilizados por los terroristas, se localizó una red de servidores que el Daesh utilizaba en Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Rumanía. Esa información permitió desarrollar, en el mes de abril, una operación simultánea en esos países, coordinada por Europol y con la participación de las policías de las naciones implicadas, para cerrar la red de servidores.

Cataluña, foco principal

El examen de la distribución de los arrestos habidos en territorio nacional muestra que Cataluña sigue siendo la comunidad con mayor nivel de presencia de extremistas pro yihadistas ya que es el espacio en el que se produce el mayor número de detenciones: el pasado año se contabilizaron diez detenciones en Cataluña que suponen el 34,48% del total de las habidas en España. El porcentaje es ligeramente superior al del año precedente en el que las detenciones en territorio catalán suponían un tercio exacto del total.

El hecho de concentrar el mayor número de sospechosos en esa comunidad supone un nivel de riesgo superior al de otras regiones, como se puso de manifiesto con los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Cataluña, año tras año, es la comunidad con mayor cifra de detenidos y tradicionalmente le siguen Madrid, Ceuta y Melilla que representan los siguientes focos más relevantes de radicalidad yihadista. La sorpresa de 2018 fue que ni en Madrid ni en las ciudades autónomas se practicaron detenciones. Alterada la clasificación tradicional, en 2018 tras Cataluña figura el País Vasco con cinco detenidos, que suponen el 17,24% del total. Dos sospechosos fueron capturados en Guipúzcoa, otros tantos en Álava y el quinto en Vizcaya. Le siguen Canarias y la Comunidad Valenciana, con cuatro arrestos cada una (el 13,79%) y después figuran Murcia (dos detenidos), Galicia, Navarra y Andalucía, con uno cada una.

Mayoría de marroquíes y españoles

Los sospechosos de yihadismo detenidos en España el pasado año eran originarios de seis países distintos, aunque la mayoría de ellos tenían nacionalidad marroquí. Nada menos que 17 arrestados habían nacido en Marruecos y representan el 58,6% del total, un porcentaje ligeramente superior al registrado en 2017 (57,3%). En segundo lugar, se situaron los ciudadanos españoles, con siete detenciones, que suponen el 24,3% de todas las habidas en pasado año. El porcentaje es cinco puntos inferior al habido en 2017. En total Marruecos y España representaron en 2018 el 82,9% de las detenciones, frente al 87% que acumularon un año antes.

Hay que señalar que la gran mayoría de los arrestados eran hombres (26 detenidos que representan el 89,6% del total). Hubo también tres mujeres capturadas que representan un 10,3% de todos los arrestos. El porcentaje de mujeres detenidas duplica al del año anterior, pero está cuatro puntos por debajo de la media del periodo 2013-2016.

Entre las detenciones registradas el pasado año hay que mencionar la existencia de dos conversos al islam, lo que supone casi el 7% del total. El año anterior habían sido cuatro los conversos presuntamente implicados en actividades del terrorismo internacional, pero porcentualmente suponían un 5%, mientras que en 2015 la cifra total fue de diez conversos (7,5%).

El pasado año el Daesh siguió encabezando las preferencias de los detenidos en España por yihadismo. Un total de 17 arrestados, que suponen el 58,6% del total, se vinculaban con el Daesh, mientras que los afines a Al Qaeda eran cinco, que representaban el 17,24%. En otros siete casos no se tenían datos precisos sobre la adscripción partidaria de los arrestados.

Tipo de estructuras

 Ha sido habitual en años anteriores que la mayor parte de los arrestos de supuestos yihadistas estuvieran vinculados con actividades propagandísticas, de enaltecimiento del terrorismo o captaciones a través de las redes sociales. En 2018 se ha mantenido la misma tendencia. Más de un tercio de los detenidos lo fueron por realizar actividades de propaganda o de enaltecimiento del yihadismo en las redes. En segundo lugar, se situaron los ocho arrestos (27,5%) relacionados con actividades de reclutamiento de nuevos adeptos.

En tres casos se trataba de individuos que estaban en disposición viajar a zonas conflicto para enrolarse en grupos yihadistas o que estaban haciendo los preparativos para ese desplazamiento. A ellos hay que sumar el caso de un retornado de Siria que ya había estado combatiendo y que, por tanto, tiene acreditada su voluntad terrorista. A este grupo de cuatro arrestados (el 13,8% del total) se le puede considerar como un núcleo dispuesto a realizar actividades terroristas.

Al margen de que hay otros cuatro casos que genéricamente se pueden incluir en un aparato de “otros”, hay que mencionar el hecho de que tres detenidos (10,34%) fueron apresados por participar, presuntamente, en actividades de financiación del yihadismo.

 Financiación del terrorismo

 Durante el pasado año se desarrollaron dos operaciones policiales de gran calado que afectaban a las vías de financiación de grupos yihadistas. La primera de esas operaciones fue desarrollada el pasado mes de marzo por parte de la Policía Nacional en Barcelona. Fue una operación sin precedentes en los países de nuestro entorno porque se descubrió una red que traficaba con antigüedades procedentes de zonas de Libia controladas por grupos yihadistas y que la venta de estos objetos culturales suponía una forma de financiación de esos grupos.

La operación policial coincidió en el tiempo con un acuerdo del Parlamento europeo, aprobado también en el mes de marzo, en el que se pedía la adopción de medidas para atajar la financiación del yihadismo. Una de las medidas que proponía la resolución de la Eurocámara era el bloqueo de los fondos “procedentes del comercio ilegal de bienes, armas, petróleo, drogas, tabaco y objetos culturales”.

La segunda operación, también desarrollada por la Comisaría General de Información, no registró detenidos ya que se centró en un grupo de acusados que estaban en prisión por otros delitos. Agentes de Policía interrogaron en diciembre a cuatro ciudadanos sirios encarcelados por tráfico de drogas y que fueron acusados de financiar organizaciones terroristas con sus actividades de narcotráfico.

Juicios

 A lo largo del pasado año, la Audiencia Nacional señaló un total de 23 juicios contra 43 acusados de diversos delitos relacionados con el yihadismo. Veinte personas se sentaron en el banquillo con imputaciones de enaltecimiento o auto adoctrinamiento, otras veinte por los delitos de integración en organización terrorista y tres más por colaboración o por amenazas terroristas.

En 2018 se conocieron públicamente diferentes sentencias, unas correspondientes a juicios celebrados el año anterior y otras de ese mismo ejercicio, en las que, al menos, 37 personas fueron condenadas por delitos relacionados con el yihadismo y otros tres acusados resultaron absueltos.

Radicalización en prisiones

 El 1 de octubre, la Guardia Civil desarrolló una actuación, bautizada como Operación Escribano, que afectó a 25 presos por delitos vinculados al yihadismo que estaban distribuidos en diecisiete cárceles. Los agentes del servicio de información tomaron declaración a los 25 reclusos a los que se acusó de formar parte de un grupo afín a Daesh dedicado a la radicalización de otros presos.

La operación, desarrollada con la colaboración de Instituciones Penitenciarias, se dirigió contra un grupo que tenía varios dinamizadores que, presuntamente, cumplían una doble función: por un lado, mantener la cohesión de los reclusos encarcelados por delitos de terrorismo y, por otro, captar para el yihadismo a otros internos que están presos por delitos comunes. Los investigadores sospechaban que los componentes de este grupo pretendían crear un “frente de cárceles yihadista” provocando la radicalización de presos.

Entre los presos que fueron incluidos en la investigación dentro de la Operación Escribano destacan dos condenados por el 11-M, Jamal Zougan y Hassan el Haski, y Mohamed Achraf, detenido en 2005 y condenado como líder de una célula que pretendía atentar contra la Audiencia Nacional.

La radicalización de los reclusos es una de las preocupaciones relevantes de las autoridades europeas ya que se ha comprobado que las cárceles constituyen un foco de captación de yihadistas entre reclusos que cumplían condena con delitos comunes.

 

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