“Historias de vida y muerte. Una mirada poliédrica al terrorismo en España”, sexto curso de verano en Soria con el CIAM
El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) han organizado por sexto año consecutivo un nuevo curso de verano en Soria, esta vez bajo el título “Historias de vida y muerte. Una mirada poliédrica al terrorismo en España”. Durante los días 16 al 18 de julio, las jornadas tenían como objetivo proponer una mirada amplia y comprometida sobre la historia del terrorismo en España, abordándola desde diferentes perspectivas para comprender, concienciar y construir memoria. El curso en esta edición ha estado codirigido por Gema Pérez Herrera, licenciada en Historia y Periodismo, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Navarra, y profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid: Y Ana Escauriaza Escudero, es graduada en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra, y doctora en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. En la actualidad trabaja como investigadora y docente en la Universidad de Navarra.
La primera jornada comenzó con la proyección en los Cines Mercado del documental “Un viernes y 13. 1974: la primera masacre de ETA” (2024), con una conversación posterior de Ana Escauriaza con Cristina Cuesta (Fundación Miguel Ángel Blanco) y Felipe Hernández Cava (guionista y director). La jornada siguiente, en el aula Magna Tirso de Molina, comenzó con la inauguración del curso por Florencio Domínguez, director del Memorial, y José Ángel González Sainz del CIAM. González Sáinz remarcó la importancia de estos cursos porque “cada vez más nuestras sociedades parece que son ajenas y que no quieren saber, y que quieren mirar para otra parte”. Por ello el responsable del CIAM propone atraer a esas sociedades y “sobre todo, a los jóvenes” para que sepan “de la manera más impecable, qué es lo que pasó”.
La primera mesa de análisis bajo el título “Justicia y terror: el enfoque legal”, moderada por Ana Escauriaza contó con las intervenciones de Mireya Toribio (Universidad de Birmingham), Alejandro Hernández (Universidad de Valladolid) y Carmen Ladrón de Guevara (Universidad Complutense). Mireya Toribio, jurista y doctora por la Universidad de Birmingham, analizó el decreto antiterrorista de 1975 en España, comparando el caso de la legislación española con la británica que hizo frente al terrorismo en Irlanda del Norte a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Toribio aseguró que las leyes antiterroristas españolas de esos años calificadas de “muy duras” por estar inscritas en “un contexto dictatorial” no fueron diferentes “a las de países con fenómenos similares” como era el caso de Reino Unido o Italia. Su conclusión es que “estados con sistemas políticos diferentes recurrieron a medidas similares” que no sirvieron para garantizar “una lucha eficaz contra el terrorismo”, concluyó. Alejandro Hernández, profesor de Derecho Procesal en la Uva, centró su ponencia en dos cuestiones “fundamentales para las víctimas del terrorismo”: la aplicación de la prescripción de delitos y la Ley de Amnistía y su aplicación a delitos de terrorismo. Hernández destacó la importancia de la prescripción recogida en nuestro ordenamiento que supone que “con el paso del tiempo” hay “una exención de la responsabilidad criminal”, en el caso del terrorismo de 20 años. Reconoció la importancia que tiene en nuestro ordenamiento, desde 2010, la imprescriptibilidad de algunos delitos, incluidos los de “terrorismo con resultado de muerte”, pero sin indicar “si este régimen de la prescripción se podía aplicar o no de manera retroactiva”. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y docente en varias universidades hizo referencia al el “caso Romeo Rotaeche” del que, como abogada de la familia, esperaba un veredicto favorable en el Tribunal Supremo, después de que en noviembre de 2023 la Audiencia Nacional declarase prescrita la causa contra la etarra Natividad Jáuregui, extraditada desde Bélgica por ser la asesina del teniente coronel de Artillería, don Ramón Romeo Rotaeche, en Bilbao el 19 de marzo de 1981. En diciembre de 2024, la etarra fue amparada por el Tribunal Constitucional. Carmen Ladrón de Guevara basó su intervención en “la protección jurídica a las víctimas del terrorismo” recordando que España es uno de los cuatro estados de la Unión Europea con legislación específica para las víctimas del terrorismo, junto a otros cuatro estados que tienen “medidas específicas en su legislación”. La abogada de la AVT puso el acento en los casos sin resolver rememorando su trabajo por encargo de la AVT en diciembre de 2011, de una relación de 315 casos de víctimas sin justicia. “Para mí resolver un caso era un éxito, pero se han resuelto 18 y todavía confiamos en resolver alguno más”, confesó Ladrón de Guevara.
La siguiente mesa “Combatir el terror: el enfoque policial” estuvo conducida por Florencio Domínguez, con la participación del general retirado de la Guardia Civil, José Quílez Meseguer, y el exjefe superior de Policía Nacional del País Vasco, José Moisés Pérez Cornejo. El general Quílez hizo referencia a los grandes hitos de la colaboración policial hispano-francesa desde el operativo “a tres bandas” de Sokoa en Hendaya, el 5 de noviembre de 1986; la detención del comando Argala de ETA en Sevilla el 2 de abril 1990 y la infiltración durante casi seis años de un agente de la Benemérita en ETA hasta su descubrimiento en 1995. Después se iniciaría la colaboración con los RS y la policía francesa “con intercambio de enlaces y una antena en Pau” y posteriormente con “las llamadas brigadas mixtas” no autorizadas “de derecho, pero sí de hecho”. “El entendimiento entre servicios fue el secreto del éxito” remarcó Quílez. El comisario retirado Pérez Cornejo reconoció “todo el trabajo del mundo” que supuso convencer a las autoridades políticas y judiciales porque esto “suponía un enfoque global que contemplaba la amenaza en todas sus dimensiones” pero “veníamos de otros enfoques que condicionaban esa globalidad”. El comisario Pérez habló del “buenismo” de la Transición donde se pensaba restituyendo libertades se acababa con el terrorismo, y posteriormente del Plan ZEN (Zona Especial Norte) del Ministerio del Interior en febrero de 1983, que planteaba que “había una acción terrorista de ETA”, pero que “todo lo demás, lo que no supone el ejercicio de la violencia, es legítimo”. Posteriormente desgranó los puntos álgidos más destacados desde 1987, el año del techo electoral de Herri Batasuna y del atentado de Hipercor “con efectos importantes como una fisura en HB”, las conversaciones de Argel Gobierno-ETA en 1989, “con asesores externos de LAB y HB”, y la llegada de la llamada “socialización del sufrimiento” tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco “como punto culminante”. A partir de ahí comienza una ofensiva policial sin precedentes que tenía como objetivo acabar con la banda para que no se pudiera negociar nada, porque “si quitaban a esa parte de la ecuación no había quien negociara”. Pérez Cornejo subrayó la importancia de las ilegalizaciones de organizaciones del entorno de ETA porque “abrieron brechas” y hubo “posturas críticas” que fueron debilitando los apoyos internos de la banda. Concluyó diciendo que “ETA fue derrotada policialmente porque no había opción política. No hubo rendición”.
La sesión de tarde de la primera jornada comenzó con una conversación titulada “Narrar el terror: el enfoque de la literatura” moderado por Gema Pérez Herrero con los escritores Adolfo García Ortega y José Ángel González Sainz. García Ortega es autor de “Una tumba en el aire” (Galaxia Gutenberg, 2019), inspirada en hechos reales, en la historia de tres jóvenes emigrantes gallegos de Irún que fueron al País Vasco francés a ver una película, y a los que en un bar un grupo de etarras secuestraron, torturaron y asesinaron, sin que aparecieran sus cuerpos. González Sainz escribió “Ojos que no ven” (Anagrama, 2009), una novela en la que narra la historia de tres generaciones de una familia castellana que forma parte del bando perdedor en la guerra, que emigra a Guipúzcoa donde se radicalizan varios miembros de la familia identificándose con el nacionalismo radical. García Ortega destaca que escribe desde cierta distancia porque eso hacía “no tener una mirada intoxicada de la situación”. Más adelante critica el triple crimen, por la inexistencia de “esa delgada línea roja entre la acción justificada y el crimen sádico”. José Ángel González destaca que su obra, a diferencia de la de Adolfo García “muy pegada a los hechos”, es un juego de “elementos ficcionados” sin tanta “documentación exhaustiva”. Para González Sáinz, ambas novelas están basadas en realidades similares donde “la ideología barata se junta con mitos” haciendo un “material inflamable” con “la infame flor del romanticismo, de superioridad ante los demás”.
La sesión de tarde finalizó con la proyección del capítulo 1 de la serie de Movistar+ “La línea invisible” (2020) y una conversación posterior de Abel García Roure (guionista y productor ejecutivo de la serie) con Gema Pérez Herrera.
La jornada del viernes 18 comenzó en el Aula Magna Tirso de Molina con la mesa “Informar del terror: el enfoque del periodismo”, moderada por Ana Escauriaza y con la participación de Fidel Raso (reportero gráfico) y José Miguel Santamaría (exdirector de los diarios El Correo y El Diario Montañés). Ambos hicieron un repaso de su paso por la Universidad antes de su incorporación a la carrera periodística a la que Raso se incorporó más tarde porque con 20 años trabajaba como delineante proyectista y era aficionado a la fotografía: “me fascinó entrar en el mundo del periodismo”, reconoció. En relación al ambiente del País Vasco en los años ochenta y en cómo se trataba al terrorismo en los medios, Raso confesó que había “conocido a compañeros perplejos” y que había tenido “compañeros que habían dejado la profesión” al no soportar la presión del día a día. Santamaría tenía el recuerdo de “ruedas de prensa, presiones, amenazas veladas y un acoso de ETA a la prensa que pasa por distintos periodos”. Todo comenzó, según él, con el secuestro y asesinato de Javier de Ybarra, propietario de El Correo y El Diario Vasco, aunque “lo peor” llegaría “en 2000-2001”, tras el asesinato del director financiero de El Diario Vasco, Santiago Oleaga. El exdirector de los diarios decanos de la prensa vasca y cántabra, en relación al tratamiento informativo del terrorismo, dijo que “se ha hecho cierta autocrítica” de una primera fase en la que los atentados eran “como meros sucesos” con un libro de estilo en el que a la banda terrorista “se le denominaba la organización armada”, a los etarras, “militantes o activistas”, y las víctimas “no tenían nombre, se les trataba como números”. De aquello se pasó con los años a piezas periodísticas que son “auténticas joyas emocionales en el tratamiento de las víctimas”. Santamaría reconoció las grandes dificultades que tuvieron para gestionar las amenazas en redacciones que fueron visitadas por ertzainas y expertos en seguridad con cursos de autoprotección incluso para “los que vendían publicidad”. “Es muy difícil convencer a la gente de que había que aguantar” cuando ETA “buscaba la debilidad”. Esa imagen de las redacciones bunkerizadas impresionó tanto a los compañeros de medios de otras provincias que “todavía te recuerdan las medidas de protección”. José Miguel Santamaría quiso recalcar que, en las amenazas de ETA a los periodistas, siempre buscó llegar con este colectivo profesional “a un punto de amedrentamiento que llevase a los periodistas a apoyar su salida negociada”. Fidel Raso fijó más sus respuestas en sus compañeros reporteros que vivían en las calles las presiones y agresiones del entorno de ETA en la cobertura de manifestaciones, actos del abertzalismo radical o en los atentados de la banda. Hizo un pase de sus fotografías vinculadas al terrorismo, “son fotos mías, en todos estos sitios he estado yo”, repetía, imágenes impresionantes que mostraban atentados, asesinatos, manifestaciones, las movilizaciones por Miguel Ángel Blanco, el zulo de Ortega Lara o “la noche de los cristales rotos de 1995”. Con todas las fotos, Fidel Raso se hacía las mismas preguntas: “No es Siria, Líbano, Ucranía…¿qué hacemos con esto? ¿Informamos o no informamos? ¿Publicamos o no publicamos?”. Preguntas muchas veces sin respuesta.
El curso finalizó con la mesa “Dar testimonio del terror: el enfoque de las víctimas” con intervenciones de Alicia Gómez Condado, hija de Francisco Gómez Vaquero, víctima del atentado de la cafetería Rolando en 1974; Sebastián Nogales (antiguo miembro de la Policía Nacional, y Juan Carlos Cuervo, hermano de Vicente, víctima del terrorismo terrorismo de extrema derecha recientemente reconocida por el Ministerio del Interior. Alicia Gómez relató la injusticia y el olvido con el que vivieron durante casi medio siglo las víctimas de la primera masacre de ETA, del atentado en Madrid con más víctimas: “en 50 años nadie nos dijo como iba la investigación, quién fue…”. Su padre, jefe de cocina de la cafetería fue asesinado y a ella con 4 años solo le quedaron algunos flashes, “no tengo recuerdos como tales. Lo que sé es lo que han contado mi madre, mi abuela y algunos amigos de mi padre”, confesó con emoción. La justicia no llegó en los tribunales, llegó gracias al trabajo de los historiadores Gaizka Fernández y Ana Escauriaza, “con un libro y una exposición” del Memorial. Sebastián Nogales, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, volvió al 6 de julio de 2002, cuando realizaba labores de información como policía nacional de paisano en Pamplona, para evitar que abertzales radicales aprovechasen la visibilidad mundial del inicio de las fiestas de San Fermín, para provocar altercados o exhibir símbolos nacionalistas o pancartas proetarras. Después de haberle marcado su camiseta fue atacado en una emboscada en la calle Jarauta por un grupo de radicales que le agredieron con barras de acero provocándole heridas de las que tardó en recuperarse más de 600 días. Pudo ser evacuado a tiempo por compañeros suyos, pero no hubo justicia para él porque los jueces no valoraron debidamente las pruebas grabadas de sus agresores. Hoy se hace la siguiente pregunta: “¿Habría algún juez capaz de poner en libertad a los autores con una prueba grabada si yo hubiera muerto?”. También compartió su experiencia como víctima, “como hermano de víctima”, precisó él, Juan Carlos Cuervo. Era domingo,10 de febrero de 1980, y su hermano Vicente, de 21 años, afiliado al sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), protestaba (pocos días después del asesinato por ultras de Fuerza Nueva de la joven militante del PST Yolanda González) por la organización de un mitin en Vallecas del sindicato ultraderechista Fuerza Nacional del Trabajo encabezado por el diputado Blas Piñar. La Policía cargó y bandas de ultras atacaron a los vecinos de izquierdas que se concentraron contra el acto. Un pistolero disparó a Vicente Cuervo matándole. No hubo justicia. Hasta que un informe del Centro Memorial para el Ministerio del Interior consiguió que el 21 de febrero de 2023, el Gobierno le concediera a Vicente Cuervo la Gran Cruz de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, la víctima número 1.454. Tras recordar a su hermano, Juan Carlos dijo que solo ha buscado “el derecho a la verdad. No estoy pensando en un banquillo, pero sí saber la verdad de lo que ocurrió, quién ha sido…”. Y sigue trabajando por su memoria desde Covite.
