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Presentación de “Sin Justicia” en el Ateneo de Madrid con el ministro del Interior

Presentación De “Sin Justicia” En El Ateneo De Madrid Con El Ministro Del Interior

El libro “Sin Justicia. Más de 300 asesinatos de ETA” sin resolver” (Editorial Espasa) de los periodistas Florencio Domínguez Iribarren y María Jiménez Ramos, es todo un homenaje a las casi 400 familias con víctimas de ETA que no han podido ver a los autores de los atentados con sentencias judiciales condenatorias. El Ateneo de Madrid, con la sala Ramón y Cajal abarrotada, fue escenario el pasado 30 de enero de la presentación de este trabajo con Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Francisca Sauquillo, presidenta de la Sección de Derechos Civiles del Ateneo, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Paquita Sauquillo destacó en su introducción que los autores de este libro lo han escrito para “reparar, para sacar del olvido a muchas de aquellas personas que sufrieron el terrorismo”. La abogada y exdiputada hizo un repaso de la obra de Florencio de Domínguez, y de María Jiménez, profesora de la Universidad de Navarra, defendiendo la necesidad de este libro “para construir verdad y reparación moral para las víctimas del terrorismo y demostrar claramente la naturaleza del terrorismo y defender la verdad histórica”.

A continuación, tomó la palabra Florencio Domínguez quien explicó la metodología de trabajo e hizo una precisión conceptual de lo que significa caso sin resolver. Confesó que “inicialmente no había un concepto objetivo” de lo que es un caso sin resolver, por lo que decidieron que lo fueran todos aquellos casos “en los cuales al menos no esté condenado uno de los autores materiales”.  La investigación está realizada caso por caso teniendo en cuanta la aplicación de la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que exime de responsabilidades penales a los autores de los asesinatos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la ley. A esto añadió que ―con independencia de los análisis sobre el funcionamiento y los fallos de las instituciones públicas― “la responsabilidad principal de los asesinatos, tanto los esclarecidos como los no esclarecidos, es de la organización terrorista que cometió tales delitos”. Por otro lado, Domínguez destacó que España es uno de los países con más éxito en la resolución de casos de terrorismo “si nos comparamos con Irlanda del Norte”, y a pesar de que hay casi un 40% por ciento de casos sin resolver de la banda terrorista vasca, frente al 12% de los GRAPO. Muy determinados por la impunidad de los años de plomo, siempre acompañada de “una actividad incesante” y de un “apoyo social muy significativo”. El director del Memorial reveló que “en cerca del 43 % de los casos sin resolver” no ha sido posible identificar a los autores y tres cuartas partes de dichos crímenes corresponden a los años de plomo, entre la amnistía de 1977 y finales de la década de los 80, fundamentalmente en el País Vasco y Navarra. El autor remarcó la existencia de un porcentaje muy significativo, cercano al 58 % de casos sin resolver, que tuvieorn resolución policial, pero no judicial. No se logró una condena por muerte de los asesinos, falta de colaboración internacional en las solicitudes de extradición y errores en el intercambio de información entre juzgados.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, recordó a todas las víctimas del terrorismo y defendió la necesidad de “impedir la impunidad” de los más de 300 atentados de ETA sin condena. El titular de Interior elogió la trayectoria profesional de los autores, recordando que la política del Estado respecto de las víctimas del terrorismo se articula en España en torno a tres principios: memoria, verdad y justicia y que “nuestro Estado de Derecho nunca ha dejado de intentar hacer justicia y dar a las víctimas del terrorismo la reparación judicial a la que, sin duda, merecen”. El exmagistrado de la Audiencia Nacional aseguró que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil mantienen equipos de investigación enfocados en esos más 300 casos sin resolver y que seguirán trabajando en ellos. Entre otros datos, mencionó que, desde octubre de 2011, cuando ETA anunció su disolución, se han desarrollado “21 operaciones policiales contra el entramado de ETA, las cuales conllevaron 243 detenidos y la localización de 46 depósitos de explosivos.” Las instituciones y los poderes públicos no van a cejar nunca en el empeño de proporcionar la justicia que merecen las víctimas de ETA, afirmó el ministro del Interior.

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