III Jornada Memorial-Foronda “La Justicia frente al terrorismo”
El presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro, y el teniente fiscal de la Fiscalía de la AN, Miguel Ángel Carballo, participaron en Bilbao en la III Jornada del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, dedicada a la respuesta al terrorismo desde la Justicia. En la misma también estuvieron el abogado Luis Portero de la Torre y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra Robles. La jornada fue inaugurada por el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, quien recordó “los embates del terrorismo” contra la Justicia, especialmente en la etapa de la “socialización del sufrimiento”. Asimismo, repasó la lista de nombres de jueces y fiscales asesinados o heridos en atentados de diferentes grupos terroristas. El subdirector del Instituto “Valentín de Foronda”, José Antonio Pérez destacó la importancia de la Justicia contra el terrorismo y su aportación a investigaciones con la documentación y los archivos generados.
En la primera sesión, moderada al igual que la segunda por la periodista Chelo Aparicio, tomaron parte el presidente de la AN, José Ramón Navarro y el teniente fiscal de la Fiscalía de la AN, Miguel Ángel Carballo. Navarro aseguró a las víctimas del terrorismo que el tribunal que preside hará “todo lo posible” para que “memoria, dignidad y justicia sean un hecho, de verdad”, admitiendo que, “cuanto más tiempo transcurre, más complicado” es esclarecer los casos pendientes aún no resueltos. El magistrado destacó que “la democracia y Audiencia Nacional nacieron juntas”, señalando que la atribución a este tribunal de las competencias sobre delitos del terrorismo, hasta entonces “diseminados”, es “una de las soluciones más correctas” para luchar contra este delito. A su entender, la forma y el sistema en la que ha luchado contra el terrorismo la Justicia española “puede ser un modelo”, visitado por “muchos países del entorno” para ver cómo funciona y, en especial, la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo.
Por su parte, el fiscal Miguel Ángel Carballo señaló que las consecuencias del terrorismo “va más allá” de las víctimas concretas, ya que “busca generar terror a todos”. El teniente de fiscal de la AN subrayó que las víctimas “siguen siendo víctimas 30 años después” del atentado, frente a la “tentación” de “minusvalorar su importancia, su respeto y su intervención”, aunque, reconoció, “es cierto que no deberíamos dejar en sus manos la terminación definitiva de este fenómeno terrorista”. Carballo recordó que recientemente se ha acordado con las autoridades francesas la entrega de “todo aquello que durante todos estos años han acaparado de documentación, de vestigios, de objetos ocupados”. Aunque reconoció que, “seguramente, desgraciadamente, por aquello de la prescripción y de la dificultades del tiempo transcurrido desde la comisión de los atentados, no se logre esclarecer algún atentado o ningún atentado”, remarcó que el material tendrá “un valor indudable de cara a la creación de un memorial o de algo que recopile esta información” para construir “un recuerdo especial de la historia de España”. El fiscal incidió que “el problema es que el legislador español no fue previsor”, ni con la duración de las penas ni la necesidad de imprescriptibilidad. Según él “el problema es que no se puede aplicar hacia atrás la normativa, es algo contra lo que no podemos luchar”.
En la segunda sesión participaron el abogado Luis Portero de la Torre, abogado e hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA en 2000. Portero expuso su trabajo para que algunos dirigentes de la banda terrorista vasca sean juzgados por delitos de lesa humanidad. En su intervención ofreció datos pormenorizados de la persecución y el asesinato por parte de ETA y su entorno a personas de ideología contraria, destacando que “España es el país europeo con mayor número de desplazados internos”, precisamente por causa de la limpieza étnica del terrorismo abertzale. Por su parte, Juan Luis Ibarra centró la mayor parte de su intervención en “los tres tópicos” que el nacionalismo vasco en general, y particularmente el radicalismo abertzale, han utilizado para deslegitimar a la Judicatura durante la primera mitad de la década pasada. Ibarra señaló como primer hito a la idea del entorno de ETA, durante la vigencia del Pacto de Estella, de que “la construcción nacional vasca” requería “un poder judicial vasco” en un “espacio judicial propio”. Como segundo hito, el presidente del TSJPV recordó una de las ideas recurrentes del nacionalismo de que “la legalidad reside en los pueblos y no en los estados”, cuestionando con ello toda administración de justicia incluida en el orden constitucional. Y por último, Ibarra hizo referencia a la polémica lingüística iniciada por el expresidente del PNV, Xabier Arzalluz, o algún colectivo de abogados vascoparlantes en la órbita del abertzalismo radical, cuestionando la labor judicial de magistrados que desconocían el euskera. Todas esas acometidas contra la Administración de Justicia en Euskadi tuvieron lugar durante los años en los que Juan José Ibarretxe fue lehendakari y contaron con la complicidad o respaldo de algunos altos cargos de sus gobiernos.
La jornada contó con la asistencia, entre otros, del delegado del Gobierno central en el País Vasco, Javier de Andrés, y los consejeros de Gobernanza y Justicia del Gobierno vasco, Josu Erkoreka y María Jesús San José.
