CUADERNOS DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

N.º 1 • FEBRERO 2016

Director: Florencio Domínguez

© Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo

Vitoria-Gasteiz

Depósito Legal: M-5740-2016 / ISSN 2445-0774

Diseño: Miguel Renuncio

Producción: Editorial MIC (www.editorialmic.com)

Maquetación e-book: FR

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Las víctimas,

siempre en nuestra memoria

Tras la constitución formal de su Patronato, el pasado 27 de noviembre, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo es ya una realidad. Una realidad que representa el compromiso de nuestra sociedad en la defensa de las víctimas, de su memoria y su dignidad, de su sacrificio personal y colectivo, y constituye un símbolo de la devolución de una mínima parte de la gran deuda social con aquellos que más sufrieron y siguen sufriendo, día tras día, las consecuencias directas de los más atroces actos terroristas.

Y una realidad que comienza su andadura con retos exigentes, pero también con fortalezas.

Uno de sus principales retos es profundizar en la dignificación de la memoria de las víctimas, frente a los perversos intentos de legitimar o justificar el terrorismo. Y hacerlo con un enfoque humano, que ponga a la víctima en el centro del relato, y desde un conocimiento técnico-profesional profundo y certero.

Solo el conocimiento de lo que ha sucedido, y de lo que está sucediendo, puede sustentar la enorme tarea que tiene el Centro Memorial: construir y preservar la memoria colectiva de las víctimas y difundir los valores que encarnan, para así contribuir a la lucha contra el terrorismo y su narrativa retorcida y falaz.

En este marco global encuentra todo su sentido la publicación del primer número de estos Cuadernos, que recoge un análisis de lo sucedido en 2015, año en el que los terroristas han puesto en el punto de mira a toda Europa, con atentados como los de París, que tan hondo nos tocaron el corazón, y año en el que España lloró amargamente por siete ciudadanos españoles vilmente asesinados.

Antoni, Dolores, Juan Alberto, Michelli, Manuel, Isidro y Jorge. Siete víctimas del terrorismo, siete compatriotas cuyo sacrificio y entrega no podemos ni debemos olvidar y cuyo recuerdo estará siempre presente entre nosotros.

La tarea del Centro Memorial es importantísima, porque el terrorismo nos ha atacado fuertemente en el pasado y lo sigue haciendo en nuestros días. Pero también contamos con grandes fortalezas, las mismas que han sustentado la creación del Centro Memorial y mantienen su impulso: el compromiso inquebrantable de nuestras instituciones en apoyo a su tarea, con Su Majestad el Rey a la cabeza; el máximo respaldo político a su creación; la participación activa de las víctimas en su impulso; una importante dotación presupuestaria y la mejor elección de la persona que ejerce ya su dirección.

Hemos puesto los pilares para que esta noble tarea de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo tenga los mejores resultados, desde el íntimo convencimiento de que las vidas arrebatadas de nuestras víctimas perdurarán en nuestra memoria colectiva, y sustentarán la plena deslegitimación del terrorismo, de los terroristas y de sus asesinatos.

En ese noble caminar nos encontraremos siempre los demócratas, acompañando a las víctimas y defendiendo los valores de nuestra sociedad común.

Jorge Fernández Díaz

Ministro del Interior

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El año de la creación

del Centro Memorial

de las Víctimas del Terrorismo

2015 ha sido el año en el que se ha puesto en marcha la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT) prevista en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.

El artículo 57 de esta Ley establece que «el Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad, de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco».

A lo largo de la pasada legislatura se han ido dando pasos para perfilar las características que debía tener ese Centro y para ir cubriendo todos los trámites administrativos necesarios para constituir el organismo. Esos pasos, además, se han desarrollado desde el diálogo entre instituciones y entre fuerzas políticas para que el Centro viera la luz con el máximo consenso, igual que ocurrió con la Ley de Reconocimiento de las Víctimas de 2011.

Si algo hay particularmente destacable tanto en la tramitación de la ley como en el camino seguido para la puesta en marcha del Centro Memorial es, precisamente, el alto grado de consenso alcanzado entre los representantes políticos. Cuando se sometió la ley a la consideración del Congreso de los Diputados, el 14 de julio de 2011, se registraron 339 votos a favor, uno en contra y una abstención. Y cuando se sometió a la deliberación del Senado, el 20 de septiembre, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las víctimas del terrorismo fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta.

Para el desarrollo del Centro, los Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma del País Vasco suscribieron el 24 de enero de 2012 un protocolo de colaboración, firmado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares Taboada, en virtud del cual se constituyó una comisión mixta dedicada a estudiar la puesta en marcha del proyecto.

En el texto suscrito, los dos gobiernos asumían «la singular transcendencia que, de cara a asentar y fortalecer en el futuro una convivencia en paz y libertad, tiene el mantenimiento de una memoria compartida que evite justificaciones imposibles de la violencia y el terrorismo y que no diluya responsabilidades, al tiempo que permita, con su indudable valor pedagógico, nutrir de nervio moral a las generaciones futuras vacunándolas contra el terror y la violencia».

El camino hacia la creación del Memorial dio un paso decisivo el 2 de abril de 2014 con el acuerdo alcanzado entre el alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, y el ministro del Interior para que el centro se ubicara en Vitoria-Gasteiz. En octubre, ese acuerdo se completaba con la firma de un convenio de colaboración entre las dos instituciones, el Ayuntamiento y el Ministerio, para la puesta en marcha del Centro Memorial en la antigua sede del Banco de España de la capital alavesa.

Como complemento de todos estos pasos, el Consejo de Ministros, en su reunión del 3 de octubre de 2014, constituyó una Comisión de Expertos a la que encargó la elaboración de un dictamen en el plazo de tres meses. Ese dictamen debía determinar la caracterización del Centro fijando los principios básicos en los que debe basarse la preservación y difusión de la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo. Debía también establecer las funciones y cometidos del Centro, los contenidos referencia- les de la exposición permanente, los criterios del proyecto museográfico, actividades y programas a desarrollar y analizar la proyección pública e internacional del organismo, entre otras cuestiones.

La Comisión de Expertos concluyó su trabajo a finales de febrero del 2015 e hizo entrega del mismo al ministro del Interior con el deseo de que el documento sirviera a los futuros rectores del Centro como guía de actuación.

En el camino que lleva a la constitución del Centro Memorial hay que mencionar también la participación de las asociaciones de víctimas y de víctimas particulares que presentaron sus propuestas ante el Ministerio del Interior, unas veces por escrito y otras en el transcurso de las reuniones celebradas con la directora de general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, para tratar sobre el proyecto.

La fase final del camino para la creación del Centro Memorial se inicia el 24 de julio de 2015 con un acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba al Ministerio del Interior la constitución de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, más conocida como Centro Memorial, y se aprobaban los estatutos del nuevo organismo. Se estableció que fuera una fundación del sector público estatal, adscrita al Ministerio del Interior, con un órgano de gobierno de carácter colegiado que integra, tanto a representantes del Gobierno de España, como de las Comunidades Autónomas, las Cortes Generales, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de las víctimas del terrorismo. El sentido de esta composición era reflejar el gran consenso político y social que había contado el proyecto desde su inicio.

Su Majestad el Rey es el presidente de honor de la Fundación, cuyo Patronato está presidido por el presidente del Gobierno. De los veintiún patronos, diez representan a la Administración General del Estado, además del presidente, tres al Gobierno vasco, uno al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y otro a los gobiernos de las restantes Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El alcalde de Vitoria-Gasteiz también es patrono, al igual que dos miembros de las Cortes Generales: uno, a propuesta del Congreso de los Diputados y, otro, del Senado. El Patronato se completa con dos miembros en representación de las víctimas del terrorismo.

Además, como cauce para la participación de las víctimas, los estatutos aprobados contemplan la creación de un Consejo Asesor de Víctimas del Terrorismo, con funciones de propuesta y asesoramiento.

El 27 de noviembre, en un acto solemne en la Zarzuela presidido por Su Majestad el Rey, se celebró la primera reunión del Patronato que aprobó el plan inicial de actividades y la designación del director del Centro. Concluía de esta forma, a falta del nombramiento del resto del personal, la creación de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. A partir de ese momento se iniciaba una nueva fase en la que es necesario poner en marcha las primeras actividades, mientras se llevan a cabo las tareas administrativas precisas para completar la estructura del Centro. Una buena parte del trabajo en esta primera etapa es de carácter interno, sin visibilidad exterior, pero es la tarea imprescindible que hay que acometer para que en el futuro el Centro Memorial pueda estar en pleno funcionamiento.

La sede del Centro Memorial está ubicada en el antiguo edificio del Banco de España de la capital alavesa, un edificio protegido arquitectónicamente, que está siendo remodelado. Está previsto que las obras concluyan en el primer trimestre de 2017 por lo que es necesario esperar hasta entonces para que la exposición permanente pueda abrirse al público. Sin embargo, en ese tiempo hay que desarrollar el proyecto museográfico definitivo, inspirado por el trabajo de la Comisión de Expertos, y tener todo preparado para que cuando esté disponible el edificio, en el menor tiempo posible, pueda inaugurarse la exposición.

En la agenda del Centro Memorial está también comenzar a realizar las primeras gestiones de cara a conseguir, a medio plazo, la ubicación en

Madrid de una segunda sede dedicada específicamente a las víctimas del terrorismo yihadista. La creación de esta sede fue planteada por la Comisión de Expertos y aceptada por el Gobierno de la nación por lo que constituye un compromiso que es necesario sacar adelante. La creación de esta segunda sede del Centro Memorial en Madrid está plenamente justificada por el elevado número de víctimas provocadas por el terrorismo yihadista y porque la capital española fue el escenario de los atentados del 11-M, los más graves que se han registrado hasta el momento en toda Europa. Solo eso justificaría abrir la sede de Madrid, pero hay más razones que tienen que ver con el futuro tanto como con el pasado.

La amenaza del terrorismo yihadista va a estar presente durante mucho tiempo en nuestras sociedades y por ello es necesario que una institución como el Centro Memorial de las Víctimas se ocupe no sólo de recordar y homenajear a quienes perdieron la vida por este tipo de violencia, sino que también contribuya a hacer pedagogía para prevenir la radicalización de futuros terroristas o para contribuir a la desradicalización de quienes ya han comenzado a transitar el camino de la violencia. Es por ello que la sede del Memorial dedicada a las víctimas del yihadismo es una necesidad social y que hay que buscar los recursos precisos para ponerla en marcha.

Desaparecido el terrorismo de ETA, aunque la banda se resista a disolverse y a entregar sus armas, en la sociedad se ha instalado una actitud, comprensible hasta cierto punto, proclive a pasar página y a olvidarse de tantos años de sufrimiento. La idea de que el terror etarra pertenece al pasado y en el presente hay otras preocupaciones más cercanas de las que ocuparse, parece ser una actitud extendida. Sin embargo, ninguna sociedad puede dejar atrás un pasado tan duro y violento de la noche a la mañana. Hay experiencias internacionales suficientes para constatar que las heridas sociales se reabren cuando no han sanado correctamente.

El recuerdo del terrorismo pasado tiene que servir para aprender de lo ocurrido, para enseñar a las nuevas generaciones que nada se puede edificar sobre la violencia, la imposición y la vulneración de los derechos humanos. Hay que ser muy conscientes de lo que ha ocurrido para evitar que en el futuro alguien pueda tener la tentación de recurrir al terror para imponer por la fuerza sus pretensiones. Hay una labor de pedagogía por delante que no podría hacerse si nos olvidamos de lo ocurrido y, sobre todo, si nos olvidamos de quienes más padecieron por causa de la violencia. Ahí tiene que estar el Centro Memorial, recordando a las víctimas, promoviendo la investigación para el mejor conocimiento de lo ocurrido, ayudando a divulgar ese conocimiento entre la sociedad y contribuyendo a asentar los valores de las víctimas que siempre confiaron en el Estado de derecho frente al terror.

Si por un lado existe la tentación de olvidar el pasado, por otro, en sectores afines a ETA, existe un trabajo muy intenso que busca justificar de forma retrospectiva el terror, dar sentido a tantos años de violencia y de sangre. Hay un esfuerzo organizado para difundir, sobre todo en la sociedad vasca, una versión histórica justificativa de ETA, al tiempo que se trabaja para diluir las responsabilidades criminales y políticas de la banda. En este terreno, el Centro Memorial de las Víctimas tiene también una gran tarea por delante para, en colaboración con agentes sociales y con las propias víctimas, deslegitimar el terrorismo etarra, para conseguir que se asuma en la sociedad, de forma generalizada, que nunca existió justificación para la actividad de ETA, que nunca hubo razones para el crimen con pretensiones políticas.

Deslegitimar la violencia pasada es un paso necesario para prevenir la violencia futura. Si las brasas de la justificación del terror cometido se quedan encendidas existe el riesgo de que en algún momento rebrote de nuevo el fuego.

Recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo, promover, a partir de su ejemplo, la defensa de los derechos humanos, contribuir a deslegitimar el terrorismo y trabajar para prevenir la radicalización ante las nuevas amenazas que plantea la violencia yihadista son algunas de las líneas de trabajo que tiene por delante el Memorial.

La sede de Vitoria-Gasteiz, como ya se ha mencionado, no estará disponible hasta principios de 2017, pero eso no significa que el Centro Memorial de las Víctimas vaya a estar parado hasta entonces. Se han dado pasos, en colaboración con otras Fundaciones y entidades, para desarrollar iniciativas expositivas y educativas que podrán verse en los próximos meses. También están en marcha proyectos de investigación o difusión que se desarrollarán con el apoyo del Centro Memorial. El más avanzado de estos proyectos, ya aprobado por el Patronato, es una investigación sobre el terrorismo en el País Vasco que va a desarrollar el Instituto Valentín de Foronda de la UPV/EHU.

Sobre la mesa del Centro hay también propuestas de actividades procedentes de la sociedad y de asociaciones de víctimas. Una de las líneas de trabajo de la FCMVT tiene que ser, precisamente, apoyar iniciativas y proyectos nacidos de la sociedad y que ayuden al mejor conocimiento de las víctimas, a investigar las consecuencias del terrorismo y a contribuir a la deslegitimación de la violencia promoviendo los valores democráticos sobre los que se asienta la convivencia.

El conocimiento del pasado y la reflexión sobre lo ocurrido es fundamental para que, a partir de la experiencia dolorosa de las víctimas, la sociedad, y en especial los más jóvenes, se ratifiquen en los principios del respeto a los demás, la defensa del pluralismo y la superioridad del Estado de Derecho frente a la violencia. Como dice el informe de la Comisión de Expertos, «en un Centro Memorial se dan cita la historia y la memoria para reconstruir los hechos con la mayor precisión posible y extraer la significación moral del pasado para el presente».

En este marco se inscribe la publicación de Cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, cuyo primer número hace balance del más reciente pasado, el de lo ocurrido a lo largo de 2015, ofreciendo una visión resumida de lo sucedido con las diversas formas de terrorismo que afectan a nuestro país, empezando por el recuerdo de las siete víctimas españolas que el yihadismo causó el pasado año y continuando con la actividad de las instituciones públicas para hacer frente a esa amenaza.

Florencio Domínguez

Director de la FCMVT

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Españoles víctimas mortales

del terrorismo en 2015

Seis españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, perdieron la vida como consecuencia de atentados terroristas perpetrados en Túnez, Francia y Afganistán durante el año 2015. Dos de los fallecidos eran agentes de la Policía Nacional y los otros cuatro ciudadanos civiles. El Daesh o Estado Islámico se responsabilizó de la autoría de los dos primeros ataques y los talibanes del tercero. En la lista de víctimas figura también un hijo de españoles, con nacionalidad francesa.

Antoni Cirera Pérez y su esposa Dolores Sánchez Rami perdieron la vida en el atentado contra el museo del Bardo (Túnez) registrado el 18 de marzo de 2015, mientras que Juan Alberto González Garrido y Michelli Gil Jáimez fueron víctimas de los atentados cometidos en París el 13 de noviembre, donde también murió Manuel Pérez, hijo de emigrantes españoles. El año se cerró con el ataque terrorista a la Embajada española en Kabul que costó la vida a los policías Isidro Gabino San Martín Hernández y Jorge García Tudela.

El año 2015 se estrenó en Europa con el atentado perpetrado el 7 de enero por los hermanos Chérif y Said Kouachi contra el semanario satírico Charlie Hebdo que se saldó con doce muertos. Dos días más tarde, los terroristas, acorralados en las instalaciones de una imprenta, murieron en un enfrentamiento con la policía. La rama yemení de Al Qaeda se responsabilizó del atentado. Otro terrorista, Amedy Coulibaly, que el día 8 mató a una policía municipal en las cercanías de París, retuvo al día siguiente como rehenes a los empleados y clientes de un supermercado judío de la capital francesa. Cuatro rehenes murieron en el ataque que terminó con un asalto de la policía en el que el terrorista perdió la vida. Coulibaly se había declarado seguidor del Estado Islámico.

Las investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que el 2 de enero, antes de llevar a cabo su ataque terrorista, Coulibaly se había trasladado hasta Madrid para transportar a su esposa y a varios allegados a fin de que desde la capital española huyeran a Siria por vía aérea.

Apenas dos meses más tarde, el 18 de marzo, miembros del Daesh perpetraron otro atentado contra un grupo de turistas que se encontraban visitando el museo del Bardo, en la capital tunecina. Los autores del ataque tirotearon a los turistas provocando 19 muertos, entre ellos dos ciudadanos españoles, Antoni Cirera, de 75 años, y su esposa Dolores Sánchez, de 73.

Los fallecidos eran vecinos de Barcelona y tenían dos hijos. El viaje a Túnez estaba incluido en un crucero que era, precisamente, el regalo de sus hijos con motivo de las bodas de oro cumplidas por la pareja.

Túnez, el país en el que se inició la primavera árabe y el único en el que se consolidó una democracia con libertades, se ha convertido en la más importante cantera exterior del yihadismo que opera en Irak y Siria. La contabilidad oficial recogida en un estudio realizado por The Soufan Group[1] estimaba que, hasta octubre de 2015, eran 6.000 los ciudadanos tunecinos que se habían incorporado a los grupos terroristas que actúan en los dos países citados. Las cuentas no oficiales elevaban esa cifra hasta los 7.000. Como referencia sirva indicar que el segundo país del que habían salido más terroristas, Arabia Saudí, contabilizaba 2.500 yihadistas, a pesar de que el reino petrolero tiene casi tres veces más población que Túnez.

El país magrebí no se ha limitado a exportar terroristas, sino que se ha encontrado con atentados dentro de su propio territorio. Los yihadistas han buscado provocar una crisis en Túnez atacando un pilar fundamental de su economía como es el turismo. Además del atentado contra los visitantes del museo del Bardo, el más importante del país, el 26 de junio otro terrorista provocó una matanza ametrallando a los turistas que disfrutaban de sus vacaciones en dos hoteles de Susa, el Soviva y el Imperial Marhaba. Un total de 38 personas perdieron la vida a causa de este atentado. En esa ocasión no hubo ciudadanos españoles entre las víctimas, pero sí intereses económicos nacionales perjudicados porque uno de los hoteles afectados, el Imperial Marhaba, era propiedad de la cadena Riu, originaria de Mallorca. Al igual que había ocurrido en marzo, el Daesh se responsabilizó de esta masacre.

Ocho meses después del asesinato del matrimonio barcelonés, una nueva acción terrorista, cometida en esta ocasión en París, volvía a provocar víctimas españolas. El 13 de noviembre al menos tres células yihadistas formadas ocho terroristas cometían atentados coordinados y casi simultáneos en seis puntos diferentes de la capital francesa. Tres terroristas, miembros del Estado Islámico, intentaron penetrar en el estadio de Saint Dennis durante un partido de fútbol y al no conseguirlo hicieron estallar en el exterior los chalecos con explosivo que llevaban. Era el inicio de una oleada de ataques que incluyó el ametrallamiento de restaurantes, bares y la sala de conciertos Bataclan. Desde que estalló la primera bomba, junto al estadio de fútbol, hasta que el asalto de la policía francesa a la sala Bataclan puso fin al ataque, pasaron unas tres horas.

El resultado de esta noche de terror fue la muerte de un total de 130 personas —de las cuales casi 90 lo fueron en la sala de conciertos— y las heridas sufridas por otras 350, convirtiendo el ataque parisino en la acción terrorista con más víctimas en Europa Occidental después de la masacre del 11-M de 2004 en Madrid. El Daesh volvió a hacerse responsable de la matanza cometida en la capital francesa.

Los atentados de París ampliaron la lista de víctimas españolas del terrorismo con otros dos nombres, los de Juan Alberto González Garrido y Michelli Gil Jáimez, así como el de Manuel Pérez Paredes, hijo de españoles.

El 11 de diciembre se perpetró en Kabul el tercero de los atentados de 2015 que causó víctimas españolas. Un grupo de talibanes hizo estallar un coche bomba junto al muro que delimitaba la Embajada española y a continuación entraron disparando al interior del recinto, donde permanecieron varias horas hasta que los atacantes fueron eliminados por tropas afganas y de la coalición internacional. El balance del ataque fue la muerte de los policías españoles Isidro Gabino San Martín Hernández y Jorge García Tudela, que realizaban funciones de seguridad en el recinto diplomático. También fallecieron nueve civiles afganos, dos de ellos empleados de la Embajada.

Los talibanes aseguraron en dos ocasiones que el atentado no iba dirigido contra la Embajada española, sino contra una casa de huéspedes internacionales que se encontraba en las proximidades. La legación diplomática, sin embargo, sufrió importantes daños por los efectos de la explosión y, lo que es peor, la pérdida de la vida de los dos policías que formaban parte del equipo de seguridad del recinto. El 15 de diciembre, en las instalaciones policiales de Canillas, se celebraron los funerales oficiales por los dos agentes presididos por Sus Majestades los Reyes.

Las víctimas

- Antoni Cirera Pérez. Asesinado el 18 de marzo en la capital tunecina. Químico jubilado, de 75 años, estaba domiciliado, junto con su esposa, en Barcelona. Un testigo del atentado declaró a la Cadena Ser que Cirera y su mujer fueron ametrallados dentro de un autobús al que se acababan de subir después de haber visitado el museo del Bardo.

- Dolores Sánchez Rami, de 73 años, esposa de Antoni Cirera. La pareja tenía dos hijos. Estaban realizando un crucero, con escala en Túnez, para celebrar el 50 aniversario de su boda. Los vecinos describieron a los dos miembros del matrimonio como personas muy activas que acostumbraban a realizar excursiones.

- Juan Alberto González Garrido. Asesinado el 13 de noviembre en París. Nacido en Granada hacía 29 años, Alberto González estaba casado con Ángela Reina. La pareja había acudido a la sala Bataclan para asistir al concierto del grupo Eagles of Death Metal. Alberto fue alcanzado por los disparos de los terroristas, mientras su esposa resultaba ilesa. La víctima era ingeniero nuclear y residía en Francia desde hacía cinco años ya que trabajaba en este país.

- Michelli Gil Jáimez: nacida en la localidad de Tuxpan, en el estado mexicano de Veracruz, Michelli tenía la doble nacionalidad mexicana y española. Desde 2008 residía en Francia y trabajaba en el restaurante La Belle Équipe, en la calle Charonne, del distrito 11 de París, uno de los locales que fue ametrallado por los yihadistas. Alcanzada por los disparos, fue trasladada a un centro sanitario donde falleció. Apenas 18 días antes de su muerte, Michelli se había prometido en matrimonio con un músico italiano.

- Manuel Pérez Paredes: nacido en París hace 40 años, era hijo de emigrantes originarios de la localidad granadina de Santa Fe. Había tenido doble nacionalidad, española y francesa, pero luego sólo conservó la segunda. Manuel se encontraba con su pareja en la sala Bataclan donde ambos perdieron la vida.

- Isidro Gabino San Martín Hernández: asesinado el 11 de diciembre de 2015 en Kabul. Nacido en La Bañeza (León) hace 48 años, era miembro de la Policía Nacional desde 1991. Instructor de tiro y de defensa personal, estaba destinado en la UIP con sede en Oviedo. Casado y con cuatro hijos, se encontraba destinado en Kabul desde septiembre de 2014.

- Jorge García Tudela. Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, de 47 años, estaba destinado en la Brigada de Policía Judicial de Granada. Casado y con dos hijos, Alejandro y Lucas, había solicitado una comisión de servicio en Kabul de cuatro meses que ya tenía casi cumplida cuando se produjo el atentado, por lo que su regreso a España estaba previsto para el mes de enero de 2016. Rafael García, hermano del subinspector, difundió tras el atentado una carta en la que pedía no manchar «la memoria de nuestros héroes». «Mi hermano no murió por las balas o por las explosiones, Jorge murió por defender los valores en los que creía: su familia, su trabajo y una patria en libertad y justicia», añadía la misiva.

- La lista de españoles víctimas del terrorismo yihadista en 2015 estaría incompleta si no se mencionaran los nombres de los periodistas Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, desaparecidos en Siria desde principios de julio de 2015. Los tres informadores fueron vistos por última vez el 12 de julio en la ciudad de Alepo, controlada por el Frente Al Nusra, filial de Al Qaeda, y se cree que están secuestrados desde entonces.

Los últimos asesinatos se produjeron en un año en el que las víctimas del terrorismo pudieron hablar por vez primera ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una sesión histórica. El 21 de octubre de 2015, España, que ejercía la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, promovió la comparecencia de víctimas de diversos terrorismos ante el organismo internacional. Por parte española acudieron la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, junto con Jana Gallardo y Tomás Fraga, que estuvieron acompañados por los ministros de Interior y de Asuntos Exteriores, así como por el experto investigador Javier Lesaca, de la George Washington University. A las voces españolas se unieron otras que representaban a víctimas de otros países como Pari Ibrahim, directora de la Free Yezidi Foundation, que denuncia la persecución sufrida por los yazidíes a manos del ISIS, o como la de Saudatu Mahdi, promotora del movimiento Bring Back Our Girls que denuncia el secuestro de niñas por parte del grupo yihadista Boko Haram.

Unos días más tarde, el 27 de octubre, Madrid fue el escenario de otro encuentro internacional presidido por don Felipe VI, en el que se dieron cita cuarenta exjefes de Estado y de Gobierno junto con expertos en la lucha contra el radicalismo violento. La reunión, organizada por el Club de Madrid, hizo posible la firma de un documento denominado Global Consensus con recomendaciones para combatir el extremismo violento.

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La amenaza

del terrorismo yihadista

Los últimos seis meses del año 2015 estuvieron marcados por el nivel 4 de alerta antiterrorista decretado en junio por el Ministerio del Interior en base a las valoraciones de la amenaza realizada por los expertos de los cuerpos de seguridad después de la sucesión de atentados registrados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. El 4 es un nivel de alerta alto, el segundo más elevado de la escala, indicativo del grado de riesgo de atentado al que está expuesta España.

La amenaza venía exclusivamente del terrorismo yihadista, una amenaza cuya sombra no se proyectaba sólo sobre España sino sobre toda Europa, por no mencionar otros países expuestos también a los ataques del islamismo radical. Lo que para la mayor parte de las naciones europeas era una amenaza, un riesgo potencial que se ha logrado conjurar con el trabajo de los cuerpos policiales y los servicios de inteligencia, para otras, como fue el caso de Francia, el terrorismo yihadista fue una trágica realidad que dejó el pasado año un saldo de 150 personas muertas y centenares de heridos.

Los atentados registrados en la capital francesa, en especial el del 13 de noviembre, evocaron la tragedia ocurrida en Madrid el 11 de marzo de 2004.

Los sucesos de París ocurridos entre el 7 y el 9 de enero de 2015, iniciados con el atentado contra la revista Charlie Hebdo y que se saldaron con 17 muertos, además de los tres terroristas implicados, representaron un toque de atención para toda Europa. Las advertencias que los servicios policiales y los analistas venían realizando sobre el peligro de la extensión al continente europeo de actos terroristas promovidos por grupos yihadistas se hicieron realidad de forma dramática.

Los gobiernos y autoridades de la Unión Europea tomaron nota de lo ocurrido el 7 de enero en París y adoptaron medidas para reforzar la seguridad de cada uno de los países. En España, el Ministerio del Interior elevó el nivel de alerta antiterrorista al grado 3 con intensidad baja, según la escala vigente en ese momento.

El Consejo de Ministros del 30 de enero aprobó el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Aunque coincidió en el tiempo con el impacto de los atentados de París, el plan era el resultado de un estudio previo desarrollado durante dos años, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado —que había sustituido al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista—, y que había sido elaborado por un grupo de trabajo interministerial compuesto por doce ministerios, el CNI, la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

«El Plan distingue tres ámbitos de actuación: el interno (en España), el externo (fuera de España) y el ciberespacio (en Internet), que establecen “dónde” deben desarrollarse las acciones del Estado —informó el Gobierno tras la aprobación—. Además, tiene tres áreas de actuación definidas por el “antes” (área de Prevenir), el “durante” (área de Vigilar) y el “después” (área de Actuar) de todo proceso de radicalización, y que indican “cómo” y “cuándo” tienen que llevarse a efecto las acciones anteriores. Cada área tiene un frente operativo de acción, que determina “qué” acción debe llevarse a cabo en cada una de ellas. El Plan incluye también “quiénes” son los responsables de ejecutar las acciones, distinguiendo tres bloques: la Administración, los colectivos en riesgo o vulnerables y el conjunto de la sociedad civil».

El Plan Estratégico establece una única estructura nacional de carácter interministerial y coordinada desde el Ministerio del Interior, que dirigirá la implementación y desarrollo del programa a través del denominado Grupo Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta, en el que están representados los organismos que intervinieron en la elaboración del plan así como otras entidades públicas o privadas como son las universidades, instituciones y organismos, asociaciones y ONG.

Para combatir la radicalización, el Ministerio del Interior puso en marcha a principios de diciembre el proyecto «Stop radicalismos» que incluye una página web, un teléfono gratuito a disposición de los ciudadanos y un botón específico en la aplicación Alertcops para teléfonos móviles a fin de permitir el envío a las autoridades de denuncias sobre casos sospechosos de radicalización yihadista. Además, se puso en marcha una campaña de difusión de mensajes on line dirigida específicamente contra el discurso del Daesh.

Estas iniciativas se enmarcan en el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta. El éxito de esta iniciativa se manifestó en el dato de que en el primer mes de la campaña se recibieron 600 denuncias ciudadanas de otros tantos casos de sospechas de yihadismo. La mitad de las comunicaciones recibidas «contenía datos considerados de interés» para el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La respuesta política a la nueva amenaza no quedó ahí: el 2 de febrero, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmaban en la Moncloa un pacto antiyihadista que se inscribía en la línea de grandes acuerdos de Estado contra el terrorismo iniciada con los pactos de 1987. Además de los dos partidos mayoritarios se sumaron al acuerdo Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

«El terrorismo es el peor enemigo de la democracia y de las libertades —reza el acuerdo—. Los españoles lo saben bien, porque hemos hecho frente al terrorismo durante demasiado tiempo. Y lo hemos hecho siempre con una clara ejemplaridad: con serenidad, fortaleza y responsabilidad».

El documento constataba que ante la amenaza del terrorismo yihadista ningún país puede permanecer ajeno, «sean cuales sean sus manifestaciones o sus formas de actuación, incluyendo los actores solitarios y los combatientes terroristas retornados». El pacto proclamaba la confianza en los instrumentos del Estado de derecho, «la acción de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, la actuación de Jueces y Tribunales y la cooperación internacional», para hacer frente al terrorismo yihadista. Incluía también el compromiso de introducir una serie de reformas legales para mejorar esos instrumentos y lograr una mayor eficacia en una lucha que resultaba muy distinta a la que durante décadas se había librado con éxito contra otro terrorismo, el de ETA.

El pacto, que contó con el respaldo mayoritario de la opinión pública, pasó rápidamente de ser una declaración política a convertirse en una realidad jurídica ya que, en menos de veinte días, el Congreso de los Diputados aprobaba la reforma del Código Penal, reforma que entró en vigor el 1 de julio de 2015 y que permite perseguir nuevas conductas terroristas. También se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor el 5 de diciembre.

La modificación del Código Penal contemplaba sanciones por actuaciones como recibir adoctrinamiento militar con la finalidad de perpetrar actos de terrorismo o la capacitación terrorista de uno mismo a través de páginas de internet que facilitan el adiestramiento, así como el desplazamiento a zonas controladas por organizaciones terroristas para colaborar con ellas.

Las nuevas disposiciones incluidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecían una nueva regulación de la interceptación de las comunicaciones a la hora de luchar contra el terrorismo yihadista, daban luz verde con control judicial a la actuación de agentes encubiertos en internet, al uso de troyanos en los equipos informáticos sospechosos o a la inspección remota de equipos informáticos. También se establecía una nueva regulación de dispositivos técnicos de seguimiento y localización.

Los legisladores tuvieron en cuenta la importancia de internet en los procesos de radicalización y captación de los yihadistas a la hora de adoptar medidas para combatir también en ese terreno. La Fiscalía General del Estado destaca en su Memoria de 2015 cómo los yihadistas «no sólo han encontrado en la Red un magnifico instrumento de propaganda de sus acciones, sino que Internet se ha convertido en el canal predilecto para reclutar, adoctrinar, formar y adiestrar a sus “soldados”, incluso para obtener financiación, con la ventaja adicional de garantizar el anonimato y la seguridad para los operadores y simpatizantes».

Si los atentados de París del mes de enero habían llevado a la elaboración y firma del pacto antiyihadista, los de noviembre pusieron sobre la mesa la necesidad de dar un nuevo impulso a ese acuerdo. Tras celebrar reuniones en el Ministerio del Interior, varios partidos más se sumaron al acuerdo: Ciudadanos, UPYD, Unió Democrática de Catalunya y el Partido Aragonés Regionalista. Podemos no lo suscribió pero participó como observador en las reuniones de los partidos firmantes celebradas bajo la presidencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Los atentados de Francia también sacudieron a las instituciones europeas, que se activaron para sacar adelante algunas propuestas que llevaban años paralizadas. Es el caso del registro europeo con los datos de personas que realizan vuelos extracomunitarios. La Unión Europea solicitó la aprobación de ese registro en 2011, pero el Parlamento Europeo la rechazó en 2013. En febrero de 2015, después del ataque a Charlie Hebdo, el Parlamento aceptó acelerar los trabajos para crear el registro que, finalmente, fue aprobado por los ministros de Interior de la UE en el mes de noviembre.

En el caso español, a las respuestas políticas (pacto antiyihadista, plan contra la radicalización) y legales (reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) hay que sumar la actuación de los cuerpos policiales para prevenir y atajar la actividad yihadista en España.

La experiencia de la lucha contra ETA evidenció que la cooperación internacional, en especial con Francia, era un elemento clave para poder derrotar a la banda terrorista. Esta cooperación es todavía más necesaria a la hora de combatir el yihadismo, un fenómeno que no conoce fronteras y que se caracteriza por la gran movilidad de los terroristas. Los canales de cooperación entre los servicios policiales y de inteligencia de otros países se han ido mejorando de forma paulatina a lo largo del tiempo y eso se ha puesto de manifiesto en el intercambio de información y en la realización de operaciones conjuntas en ocasiones.

De lo ocurrido en el ámbito policial durante el pasado año cabe destacar, por novedoso, el grado de coordinación alcanzado entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles y los de Marruecos a la hora de combatir el yihadismo. Los servicios policiales de los dos países han desarrollado varias operaciones conjuntas para atajar redes terroristas que operaban en ambas naciones. Agentes españoles han estado en territorio marroquí realizando operaciones con los servicios de este país y a la inversa. La relación policial con Marruecos se ha consolidado en un nivel que va más allá del mero intercambio de información, que ya sería importante por sí solo, y que llega al desarrollo de investigaciones coordinadas y a su explotación conjunta. Es la respuesta natural de dos países que están amenazados por terroristas que actúan a ambos lados de la frontera común y que tienen estructuras operativas en territorio español y marroquí.

En el ámbito interno, la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación entre las diferentes Fuerzas de Seguridad llevaron a la incorporación de los cuerpos policiales autonómicos de Cataluña y el País Vasco al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo creado el 10 de octubre de 2014 a partir de la refundición de otras dos entidades, el CNCA y el CICO, para combatir de manera más efectivas las dos amenazas a las que hace referencia el nombre del organismo.

El CITCO ha sido configurado como «el órgano de recepción, integración y análisis de toda la información estratégica disponible referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos, elaborando inteligencia estratégica y prospectiva, ofreciendo una valoración de estas amenazas permanentemente actualizada, proponiendo y coordinando estrategias nacionales para combatirlas, y estableciendo los criterios de actuación y coordinación operativa entre los distintos organismos en los casos de coincidencia o duplicidad entre investigaciones que se desarrollan contra estos fenómenos».

La creación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que por primera vez reúne en un mismo órgano la coordinación y la inteligencia criminal estratégica del terrorismo y el crimen organizado, supone un esfuerzo por mejorar la inteligencia al sumar una tercera dimensión de análisis, como es la de la eventual relación entre ambos fenómenos criminales. Aunque la fusión oficial entre los dos organismos originarios (CNCA y CICO) se hace en octubre de 2014, sus efectos operativos se materializan plenamente en 2015.

El 19 de noviembre de 2015, por vez primera, representantes de la Ertzaintza y de los Mossos d’Esquadra catalanes participaron junto a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI en una reunión del CITCO para realizar un análisis conjunto de la amenaza yihadista y determinar el nivel de alerta antiterrorista en función de las conclusiones obtenidas.

Dentro de la tarea realizada para mejorar los servicios de información, hay que señalar la dotación de un crédito extraordinario de diez millones de euros en 2015 a fin de facilitar que los servicios de información y de inteligencia dispongan de las tecnologías más modernas a la hora de combatir el terrorismo.

Entre las novedades registradas el pasado año hay que citar también el establecimiento de un mejor sistema de prevención de atentados. Se ha modificado el sistema de alerta antiterrorista para permitir una mejor evaluación del riesgo. A este respecto, con la activación del nivel 4 de alerta antiterrorista se pretende incrementar las capacidades del Estado de prevención y protección frente a atentados y, al mismo tiempo, intensificar la labor de los servicios de investigación.

La actividad policial en la lucha contra el yihadismo durante 2015 ha sido intensa como se evidencia en los cuadros estadísticos que se muestran más adelante. El pasado año se ha registrado en España la cifra mayor de detenciones de sospechosos de la última década. Sólo en los años 2004 y 2005, como consecuencia de las investigaciones derivadas del 11-M, hubo cifras superiores de arrestos. Los datos de 2015 revelan una presión sostenida sobre el mundo de la radicalidad yihadista que ha permitido desmantelar células que estaba listas para atentar, capturar elementos dispuestos a encuadrarse en los grupos terroristas que operan en Siria e Irak, apresar a retornados con experiencia de combate, atajar la actividad de captadores de nuevos terroristas o a poner freno a quienes se ocupan de realizar enaltecimiento del yihadismo y de llevar a cabo actividades propagandísticas destinadas a ideologizar a los nuevos adeptos.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2015 fueron detenidas en España un total de 75 personas, a las que hay que añadir otras 27 arrestadas en otros países en operaciones en las que participaban los servicios policiales españoles. En total, 102 sospechosos de vinculaciones con el terrorismo yihadista fueron arrestados en el marco de 44 operaciones diferentes.

Examinando la localización de las operaciones policiales, llama la atención el elevado número de arrestos registrados en Cataluña ya que suma 39 detenidos que suponen más de la mitad de todos los capturados en España. En esa cifra se incluye algún arrestado fuera de España que tenía su residencia en Cataluña antes de huir. La intensidad de las operaciones realizadas en territorio catalán es un indicador de la radicalización proyihadista existente en determinados sectores de población de esa comunidad y del peligro potencial que se deriva de esa situación.

La importancia de la amenaza yihadista en Cataluña había sido subrayada ya en varios análisis realizados en años anteriores. Un informe del Centro Superior de Estudios de la Defensa sobre el islamismo radical del año 2010 subrayaba que Cataluña había sido «la comunidad autónoma donde se ha llevado a cabo un mayor número de operaciones antiterroristas, principalmente en la provincia de Barcelona». Otro estudio realizado por los investigadores del Instituto Elcano Fernando Reinares y Carola García-Calvo precisó que entre 1995 y 2012 el 17,8% de los condenados por yihadismo procedían de Cataluña[2], comunidad sólo superada por Madrid. Los mismos autores, en otro trabajo más reciente que actualiza el anterior, constataban que un 29,9% del total de detenidos en España desde 2013 por actividades relacionadas con el yihadismo lo fue en la provincia de Barcelona, donde además residía el 32% de los sospechosos[3].

La Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han venido realizando en los últimos años numerosas operaciones contra el yihadismo en territorio catalán, algunas de ellas tan relevantes como la desarticulación en 2008 de una célula vinculada al grupo Tehrik-i-Talibán Pakistán que pretendía atentar en el metro de Barcelona. Las actuaciones desarrolladas en 2015 suponen la continuidad del esfuerzo de seguridad en un territorio de alto riesgo como es el catalán.

A mucha distancia de Cataluña aparecen Ceuta, con siete detenidos, Madrid, con seis, y Melilla, con cinco, mientras que el resto se distribuyen entre otras ocho comunidades autónomas.

Otro dato relevante es la aparición entre las listas de detenidos de un número significativo de conversos ya que se registran diez casos entre los arrestados. También hay que constatar el arresto de un número relativamente elevado de mujeres, nada menos que quince. La cifra resulta significativa teniendo en cuenta que el terrorismo, y más el yihadista, es un fenómeno fundamentalmente masculino.

Durante un tiempo, la principal preocupación de las autoridades nacionales fue detectar el traslado de ciudadanos o residentes en los respectivos países que viajaban a escenarios de conflicto de Oriente Medio para encuadrarse en alguno de los grupos terroristas existentes en la zona. En el último año y medio, la preocupación de los gobiernos europeos se ha desplazado hacia los retornados, aquellos yihadistas que han intervenido en combate, que han recibido adiestramiento en el manejo de armas y explosivos y que regresan a sus países de origen. Los ataques aéreos de la coalición liderada por EE.UU. y los de Rusia, así como los reveses sufridos por el Daesh sobre el terreno parecen haber incrementado el flujo de regreso de muchos terroristas. La experiencia adquirida y la instrucción recibida hacen que estos yihadistas constituyan un gran peligro potencial como ocurrió, por ejemplo, en Argelia cuando un gran número de terroristas regresaron de la guerra de Afganistán en los años ochenta y pasaron a actuar en su país de origen.

Datos difundidos por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, el 18 de noviembre de 2015, cifraban en 139 los españoles que hasta esa fecha se habían desplazado a zonas de conflicto para sumarse a los grupos que operan en ellas. Los servicios policiales habían registrado que, al menos, 25 de ellos habían muerto en Siria o Irak. En noviembre, el número de retornados que se habían contabilizado era de otros 25. Al menos 15 de ellos habían ingresado en prisión.

Un fenómeno destacable puesto también de manifiesto en las operaciones antiyihadistas del último año es que el Estado Islámico o Daesh se ha convertido en el referente principal de todos quienes se radicalizan en España, en detrimento de Al Qaeda. Hace unos años la organización fundada por Osama Ben Laden era el polo de atracción de los aspirantes a terrorista, pero los datos de 2015 reflejan que ese papel se ha desplazado hacia el Daesh y que es esta organización a la que se vinculan los radicales, en la que se encuadran y la que les inspira. El hecho de disponer de una base territorial amplia en Siria e Irak, de existir relativa facilidad para llegar hasta sus dominios y de tener una intensa actividad en las redes sociales ha hecho que el Daesh sea el grupo de referencia para todo potencial terrorista.

Los atentados de París del mes de noviembre representaron la irrupción de este grupo en el escenario europeo, algo que hasta entonces había estado reservado a Al Qaeda. El atentado contra Charlie Hebdo, en febrero, por ejemplo, había sido obra de la rama yemení de Al Qaeda, aunque el asalto a un supermercado judío de París, realizado al mismo tiempo, era obra de un terrorista que se identificó como miembro del Daesh. A partir de la primavera de 2015, sin embargo, los servicios de inteligencia comenzaron a tener datos que evidenciaban los planes del EI de llevar su actividad terrorista al escenario europeo. La captura en Polonia de un yihadista que había residido en Alicante y que estaba reclamado por la justicia española permitió obtener información acreditada acerca de estos planes, que se hicieron realidad unos meses más tarde en la capital francesa.

La amenaza genérica que se extiende sobre toda Europa se expresa en ocasiones de manera precisa sobre un determinado país, incluido España. El profesor Manuel R. Torres Soriano ha documentado más de una veintena de referencias a España en la propaganda de los grupos yihadistas o en los discursos de sus líderes durante 2015. Algunas son alusiones a Ceuta o Melilla o a los atentados del 11-M. Son muy frecuentes —ocho menciones de las veintidós que ha contabilizado— las referencias que se hacen de Al Ándalus. Hay en ese discurso amenazas directas hacia nuestro país.

Entre las menciones a España más amenazadoras recogidas por este autor se encuentra un artículo del 22 de febrero de 2015 difundido por el Frente Mediático para el apoyo al Estado Islámico - Al-Khilafah Media Foundation en el que, tras referirse a los «lobos solitarios» señala que «sentiréis el aliento cuando seáis discretamente aniquilados en las calles de Londres, Madrid y Sidney». Un vídeo del Daesh, del mes de mayo, anuncia que el Estado Islámico creará una «provincia» en Europa y recuperará Al Ándalus. Otro vídeo, este del mes de julio, dirigido al pueblo argelino, señala que «el fuego de la guerra se ha encendido en Argelia y sus llamas no se extinguirán hasta la conquista de Al Ándalus».

En septiembre se conoció otro vídeo elaborado por Al Qaeda del Magreb Islámico en el que se recogen declaraciones en español de un yihadista de Melilla apodado Abu al-Nur al-Andalusi y en el que afirma lo siguiente: «Mensaje a nuestros hermanos en España, especialmente en Melilla: que se muevan y que se dirijan hacia cualquier sitio en el que haya yihad. Nosotros necesitamos que nuestros hermanos musulmanes nos ayuden, que vengan a combatir, que cojan sus armas y que se dejen de la compañía de sus mujeres y sus hijos. Nuestros hermanos en la yihad nos necesitan, necesitan que auxiliemos a este bien, que auxiliemos a nuestro enviado. Y esto es lo que les digo a nuestros hermanos. Y espero que respondáis a este mensaje. Y ¡Al-lahu-àkbar!».

El líder de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, difundió en noviembre un mensaje de audio en que reclamaba golpear a Occidente y sobre todo a los EE.UU. en su propio territorio. Pedía más ataques como los del 11 de septiembre y los atentados de Madrid y Londres.

La idea de reconquistar Al Ándalus, el nombre del territorio de la Península Ibérica dominado en su momento por los musulmanes, aparece en un par de vídeos del mes de noviembre elaborados por el Estado Islámico. En el primero, un joven de origen marroquí afirma que «conquistaremos Al Ándalus y Roma. Libia es la puerta para la conquista de África y Europa». En el segundo, una voz en off afirma que «queremos conquistar París antes de Roma y Al Ándalus».

Las amenazas hacia España, como se ve, llegan indistintamente de Al Qaeda y del Estado Islámico y en ellas tiene una carga simbólica muy importante la presencia musulmana hasta el siglo XV en Al Ándalus, tan importante que en muchos yihadistas está presente la idea de reconquistar un territorio que creen que les pertenece.

Ese simbolismo, ese sentimiento, quedó reflejado en las palabras pronunciadas en un vídeo grabado en Siria a mediados de 2014 por Salaheddine Guitone, miembro del Daesh que murió 25 de julio de ese año combatiendo contra la división 17 del ejército sirio cerca de la ciudad de Raqqa. Guitone, franco-marroquí que residió durante dos años en Mallorca, hablando en castellano, afirmó lo siguiente: «Les digo a todo el mundo, estamos viviendo bajo de la bandera islámica y vamos a morir por ella hasta que nos abrimos (sic) todas las tierras presas, desde Yakarta hasta Andalucía, InshAllah (Dios lo quiere). Y os digo: España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla (sic), InshAllah, con el poder de Allah».

Guitone se equivocaba al hablar de Andalucía en lugar de Al Ándalus, que es un concepto territorial más amplio. Pero la idea de muchos yihadistas como Guitone que ven Al Ándalus como tierra de sus antepasados es una amenaza permanente.

El irredentismo de estos sectores sobre Al Ándalus no es el único factor de amenaza del yihadismo sobre España, ni siquiera el más importante. Los análisis de los servicios policiales barajan otros factores más relevantes que, al igual que ocurre en otros países, les lleva a considerar que no se puede bajar la guardia en ningún momento y que España, como nuestros vecinos, figure en la agenda del terrorismo yihadista.

Entre esos factores de riesgo hay que contar con las amenazas, más o menos explícitas, dirigidas contra España, de las que ya se ha hecho mención con anterioridad.

Otro factor de riesgo adicional es la influencia de aquellos que han viajado a Siria e Irak para enrolarse en las filas de los grupos terroristas y que, desde la distancia, siguen manteniendo contactos con familiares, amigos y círculos próximos. Esos yihadistas, por un lado, suponen lo que se ha llamado un «efecto llamada» hacia potenciales terroristas, un modelo para animar a quienes se sitúan en su entorno a seguir sus pasos y viajar a Oriente Medio para sumarse a los grupos terroristas. Además, instigan a quienes están en contacto con ellos a dar el paso a la acción para realizar ataques en territorio español. Este tipo de comportamientos han sido detectados en algunas de las operaciones policiales desarrolladas el pasado año en España.

La existencia de redes de captación y de apoyo logístico en España constituye un foco de peligro permanente, a pesar de que muchas de esas redes y células han sido desmanteladas. Su presencia evidencia en algunos de los casos la existencia de contactos directos desde Siria con radicales españoles o residentes en territorio español, con lo que ello supone.

La experiencia pasada y las informaciones de los servicios de inteligencia ponen de relieve que entre los objetivos preferentes del terrorismo yihadista están los servicios de transporte, como ocurrió en Moscú y Madrid en 2004 o en Londres al año siguiente, y las grandes concentraciones de personas en espacios públicos o lugares de diversión. Los atentados de París y de Ankara del pasado año son ejemplos de ataques contra este tipo de objetivos con resultados de alta letalidad. Los servicios de inteligencia incluyen también a las iglesias y otros centros de culto como los judíos entre los objetivos que están en la agenda del yihadismo.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado presentada en 2015 hace un resumen de lo que ha supuesto la amenaza yihadista desde los atentados del año 2004 en la capital española:

«Han pasado ya once años de los atentados de Madrid, y desde entonces no ha cesado ni un minuto la lucha contra el terrorismo yihadista —afirma la Fiscalía—. Más de 700 detenidos, decenas de operaciones policiales y de investigaciones judiciales, y algunas situaciones de riesgo inminente de ataque terrorista abortadas constituyen buena muestra de ello, en un contexto marcado por la necesidad de adaptarse a la cambiante realidad de un fenómeno terrorista extraordinariamente proteico, que casi nada comparte con el terrorismo tradicional más allá del uso gratuito e indiscriminado de la violencia, y explotando al máximo en la respuesta todas las posibilidades que ofrece un sistema legal difícilmente mejorable en el ámbito punitivo o represivo».

A modo de conclusión se puede citar la que menciona la propia Fiscalía General del Estado, a partir de análisis de la Comisaría General de Información: «Se considera que existe una alta amenaza de acción terrorista procedente de terroristas autónomos inspirados en el Daesh en España a través de modus operandi poco sofisticados pero que dificultan su detección y neutralización».

Principales operaciones policiales contra el terrorismo yihadista durante 2015

- 24 de enero. Operación Chacal-I. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la DGST de Marruecos, detienen en Ceuta a cuatro acusados —dos parejas de hermanos— a los que se vincula con una célula yihadista que seguía las directrices del Daesh y que tenía intención de atentar en territorio español. Los detenidos eran de origen marroquí, aunque con nacionalidad española. En los registros efectuados la Policía localiza una pistola, uniformes de combate, capuchas, placas de matrícula, machetes, material informático y diversa documentación.

- 24 de febrero. Operación Jardín Beni. La Guardia Civil detiene a dos personas en Melilla, a otra en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y a una más en Sant Feliu de Guíxols (Gerona), acusados de vinculación con el yihadismo. A los capturados en Melilla se les imputa crear y administrar diversas plataformas de internet para difundir material propagandístico de grupos terroristas, especialmente del Daesh. Además, se les acusa de dedicarse al reclutamiento de mujeres.

- 7 de marzo. Operación Pasarelas. La Guardia Civil detiene en el aeropuerto de Barcelona a una ciudadana marroquí deportada por las autoridades de Turquía, donde había sido capturada el 24 de diciembre de 2014 cuando trataba de llegar a Siria para incorporarse a las filas del Estado Islámico. La arrestada residía en la localidad barcelonesa de Rubí, antes de viajar a Turquía.

- 10 de marzo. Operación Chacal-II. Como continuación de la operación del 24 de enero, la Policía detiene a dos presuntos yihadistas en el barrio del Príncipe, en Ceuta. A los arrestados, de nacionalidad española, aunque de origen marroquí, se les vincula con el Estado Islámico.

- 13 de marzo. Operación Ghuraba. La Policía Nacional desmantela una célula vinculada al Estado Islámico y captura a ocho personas. El responsable del grupo había viajado a Siria y estaba integrado en el grupo terrorista. Los arrestos se producen en Cebreros (Ávila), Fuente el Fresno (Ciudad Real) y los seis restantes en Cataluña: en Figueres (Gerona) y en las localidades barcelonesas de Piera, Manlleu, Malgrat de Mar, L’Hospitalet de Llobregat y Terrassa. Dos de los detenidos son mujeres. Todos son de nacionalidad española, aunque cinco de ellos son de origen marroquí.

- 26 de marzo. Un ciudadano marroquí de 31 años es detenido por la Policía Nacional en Torrejón (Madrid) acusado de enaltecimiento del terrorismo yihadista a través de internet. Difundió mensajes de respaldo a los atentados contra el semanario Charlie Hebdo.

- 31 de marzo. Operación Tebas. Agentes de la Guardia Civil detienen en Badalona (Barcelona) a cuatro personas, un matrimonio y sus dos hijos menores de edad, relacionadas con el envío de yihadistas a Siria. Los dos hijos, de 16 años, iban a partir de forma inminente a Siria para incorporarse al Daesh o Estado Islámico.

- 9 de abril. Operación Caronte: los Mossos d’Esquadra detienen en Terrassa a diez hombres y una mujer acusados de formar parte de una célula yihadista denominada Fraternidad Islámica, que pretendía atentar en Barcelona. Cinco de los arrestados eran españoles y uno uruguayo conversos al islam. La Policía autonómica catalana contó con la colaboración del CNI. La célula estaba relacionada con el Daesh. El juez decreta prisión para siete de los detenidos y deja en libertad provisional al resto.

- 18 de abril. Las autoridades turcas detienen a un hombre de nacionalidad marroquí y a su esposa, de nacionalidad española, junto con el hijo de ambos, residentes en Melilla, que habían viajado a Siria seis meses antes, presuntamente para incorporarse al Estado Islámico.

- 12 de mayo. La Policía Nacional detiene en Cornellá (Barcelona) a dos ciudadanos marroquíes acusados de ser responsables de una célula de propaganda del Estado Islámico.

- 15 de junio. Operación Salinas. La policía de Polonia, en colaboración con la Guardia Civil, arresta en Varsovia a un ciudadano marroquí residente en Alicante que había regresado a Europa tras haber permanecido durante un periodo en Siria combatiendo con el Estado Islámico. El arrestado fue extraditado a España pocas semanas más tarde ya que estaba reclamado por la Audiencia Nacional.

- 4 de julio. La Policía Nacional detiene en Badalona a un hombre, de nacionalidad marroquí, que presuntamente venía realizando desde hacía tiempo labores de enaltecimiento y proselitismo del terrorismo yihadista, en particular del Estado Islámico.

- 7 de julio. La Policía Nacional detiene en Arrecife (Lanzarote) a una mujer española convertida al islam e implicada directamente en la radicalización y reclutamiento de otras mujeres para enviarlas a Siria. La detenida tenía contacto directo con un importante miembro del Daesh en Siria, de quien recibía directrices e instrucciones.

- 7 de julio. Operación Célere. La Guardia Civil arresta en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, al argelino Ouagueni Karim, de 39 años, que regresaba de Siria, donde había estado combatiendo con el Daesh. Estaba reclamado por terrorismo por la justicia de Bélgica, donde había residido antes de viajar a Siria, y por diversos delitos comunes, incluida una agresión sexual, por la de Francia.

- 21 de julio. La Policía Nacional arresta en Melilla a un hombre de 29 años, natural de la ciudad, considerado responsable de la captación y adoctrinamiento de yihadistas para el Estado Islámico. La operación se realizó en colaboración con la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) marroquí.

- 22 de julio. La Ertzaintza detiene en Barakaldo a un ciudadano argelino acusado de enaltecimiento del terrorismo yihadista a través de las redes sociales.

- 12 de agosto. La Policía detiene en la localidad coruñesa de Narón a un hombre acusado de los delitos de apología, menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo yihadista. Era propietario de un comercio y vendía material xerigrafiado con símbolos del Estado Islámico e, incluso, imágenes de decapitaciones.

- 25 de agosto. Operación Norme. La Policía Nacional detiene en la localidad madrileña de San Martín de la Vega a un ciudadano marroquí acusado de ser coordinador de «una filial sirio-iraquí del Estado Islámico desplegada en varias ciudades de Marruecos», según un auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El arresto estuvo coordinado con una operación de la Policía marroquí que detuvo a otras trece personas en las ciudades de Fez, Casablanca, Nador, Al Hoceima y Driouech, acusadas de formar parte de la misma red del Daesh.

- 3 de septiembre. Las autoridades alemanas entregan a España a Ayoub Moutchou, reclamado por terrorismo y pertenencia a organización delictiva por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Moutchou había sido arrestado el 4 de agosto en Stuttgart (Alemania) por agentes de la BKA alemana, en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Se le acusa de ser un reclutador del Daesh.

- 5 de septiembre. Operación Buma. La Guardia Civil detiene en Gandia a una ciudadana marroquí de 18 años que realizaba labores de reclutamiento de mujeres y apología del terrorismo por internet y que estaba preparando un viaje a Siria para incorporarse a las filas del Daesh.

- 7 de septiembre. La Policía Nacional detiene en la localidad gerundense de Figueres a una mujer de 19 años acusada de realizar proselitismo a través de las redes sociales de las actividades del Frente Al Nusra y del Daesh. Está encausada en el mismo procedimiento que Ayoub Moutchou, extraditado por Alemania.

- 4 de octubre. En una operación conjunta de la Policía Nacional española y la DGST marroquí se desmantela una red de reclutamiento del Estado Islámico que operaba en los dos países. En territorio marroquí se efectúan seis arrestos y los cuatro restantes —dos hombres y dos mujeres— se llevan a cabo en Toledo, Badalona y Xeraco (Valencia). Los arrestados en España son dos mujeres de nacionalidad marroquí y dos hombres: uno de ellos de origen marroquí con nacionalidad española, y el otro un musulmán converso de nacionalidad portuguesa.

- 19 de octubre. Operación Ulbah. La Guardia Civil detiene en el aeropuerto de Barajas a una española conversa, de 22 años, natural de Huelva, que se había radicalizado en menos de un año y que viajaba a Turquía como lugar de tránsito hacia Siria para incorporarse al Estado Islámico.

- 26 de octubre. Operación Khalya-I. La Policía Nacional detiene a dos reclusos de la cárcel de El Puerto de Santa María acusados de amenazas con fines terroristas por haber enviado una carta en la que amenazaban al presidente del Gobierno y a dirigentes del PP en nombre del Estado Islámico.

- 3 de noviembre. Operación Camarma. La Policía Nacional detiene en Madrid a tres ciudadanos marroquíes acusados de formar parte de una «red radical operativa en España» vinculada al Estado Islámico. La célula estaba lista para cometer atentados terroristas. El grupo contaba con un cuarto miembro que no pudo ser capturado porque estaba en paradero desconocido desde su regreso a Marruecos unos meses antes.

- 4 de noviembre. Operación Tebas-II. La Guardia Civil detiene en Cornellá a dos ciudadanos marroquíes, uno de ellos nacionalizado español, acusados de difundir propaganda del Estado Islámico con fines de captación de nuevos miembros.

- 6 de noviembre. La Policía Nacional detiene en el aeropuerto de Málaga a una ciudadana española reclamada por la Audiencia Nacional por su presunta vinculación a la organización terrorista Daesh. La detenida se había desplazado a Turquía junto al resto de su familia con intención de dirigirse a Siria e integrarse en las filas del Estado Islámico.

- 23 de noviembre. Operación Khalya-II. La Policía Nacional detiene en la cárcel de Segovia a un preso de nacionalidad marroquí que cumplía condena por violencia de género. Se le acusa de tratar de reclutar a otros internos para que se incorporaran al Estado Islámico.

- 28 de noviembre. Operación Custodia. Agentes de la Guardia Civil detienen en Barcelona a dos hombres, naturales de Tánger (Marruecos), y en Granollers a una mujer española, natural de esta misma localidad, implicados en una red de captación y reclutamiento de personas para su incorporación al Estado Islámico.

- 1 de diciembre. Operación Barrad. La Guardia Civil detiene en Pamplona a un hombre de nacionalidad marroquí que estaba haciendo preparativos para viajar a Siria con la intención de unirse a las filas del Estado Islámico. El detenido, además, difundía entre los clientes del establecimiento que regentaba fotos, vídeos y enlaces para acceder a las publicaciones del Daesh a través de las redes sociales.

- 4 de diciembre. Agentes de la Policía Nacional detienen en Guipúzcoa a dos presos en tercer grado de la cárcel de Martutene, uno de nacionalidad española convertido al islam y otro de nacionalidad marroquí, que aprovechaban los permisos para realizar labores de propaganda y enaltecimiento de las actividades del Daesh. Uno fue arrestado en la propia cárcel y el otro en Zumarraga.

- 8 de diciembre. La Policía Nacional detiene en Mataró (Barcelona) y Pájara (Fuerteventura) a un hombre y una mujer de nacionalidad marroquí acusados de estar integrados en la organización terrorista Daesh. Los detenidos, presuntamente, habían organizado una red internacional de captación, adoctrinamiento y reclutamiento de nuevos adeptos y estaban en contacto permanente con otros miembros operativos ubicados en Siria. Los miembros de la célula neutralizada habían hecho juramento de lealtad al Daesh y a su líder, Abu Bakr Al Bagdadi.

- 10 de diciembre. Los Mossos d’Esquadra detienen en Barcelona a Ali Charef Damache, de nacionalidad argelina e irlandesa, presunto yihadista reclamado desde 2011 por Estados Unidos acusado de suministrar documentación falsa a miembros de Al Qaeda.

- 12 de diciembre. Operación Gungan. La Guardia Civil detiene en Ceuta a un hombre de 34 años acusado de captar a menores para su incorporación al Estado Islámico.

5

ETA: la caída

de los últimos dirigentes

Un total de 47 personas fueron detenidas durante el año 2015 acusadas de pertenecer o estar vinculadas con la organización terrorista ETA. Los arrestos más destacados se llevaron a cabo en Francia, donde, en dos operaciones, se procedió a la captura de todos los miembros de la dirección etarra.

Cuatro años después de que la banda terrorista anunciara el final de la violencia —forzada por la acción del Estado—, ETA sigue resistiéndose a disolverse y a abandonar las armas que todavía conserva en su poder. En lugar de desarmarse directamente, sigue reclamando una negociación con los gobiernos de España y Francia para, supuestamente, materializar ese desarme. Mientras tanto ofrece un proceso propagandístico de sellado, con presencia de mediadores internacionales, que deja las armas en manos de la banda y mantiene los arsenales bajo su propio control.

Lo que suponía el sellado de armas quedó de manifiesto en febrero de 2014 en el episodio protagonizado por miembros de la Comisión Internacional de Verificación, no reconocida por el Gobierno. Los etarras mostraron a los verificadores una cantidad exigua de armas y explosivos, hicieron un inventario de lo que habían puesto sobre la mesa y se lo volvieron a llevar, quedando las armas en su poder, tal y como estaban hasta el momento de escenificar aquel montaje propagandístico.

Mientras ETA sigue aspirando a una negociación con los gobiernos español y francés, los servicios policiales de los dos países continuaron realizando operaciones contra la banda terrorista. Los datos de arrestos practicados en 2015 muestran que el esfuerzo de investigación no se ha detenido, aunque la jibarización que ha experimentado la estructura de la banda en los últimos años ha hecho que las operaciones antiterroristas se hayan vuelto más selectivas. Ejemplos de esa característica son tres de las actuaciones realizadas el pasado año en territorio francés como consecuencia del trabajo conjunto que realizan los agentes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), los servicios de información de la policía gala, y la Guardia Civil.

El 7 de julio fueron arrestados en el País Vasco francés los presuntos dirigentes de ETA Ignacio Reta de Frutos y Xabier Goyenechea Iragorri, acusados de ser los responsables del aparato logístico, la rama encargada de controlar los zulos y arsenales que todavía tiene en su poder la banda terrorista. Esa estructura había sufrido un importante golpe a finales de mayo con el arresto de otro presunto miembro de ETA y el descubrimiento en una casona de la localidad de Biarritz de un importante arsenal.

La tercera de las operaciones selectivas tuvo lugar el 22 de septiembre con la captura de los dos máximos dirigentes de la banda, Iratxe Sorzabal y David Plá, que habían representado a la organización terrorista en los últimos años. Ambos habían estado presentes en Oslo a la espera de una delegación del Gobierno español que nunca fue enviada. Los dos, junto con Josu Ternera, fueron expulsados de Oslo en 2013 por las autoridades noruegas, cansadas de su intransigencia.

La investigación que condujo a la captura de Sorzabal y Plá fue bautizada como Operación Pardines, en memoria del guardia civil José Pardines, primer agente asesinado por ETA en 1968. El nombre dotaba intencionadamente de una carga simbólica a la actuación policial.

Los arrestos de julio y los de septiembre suponían la captura de la práctica totalidad de la dirección de ETA.

En territorio español hay que señalar que durante 2015 continuaron las actuaciones policiales dirigidas contra la estructura de control de los presos de ETA que se habían iniciado el año anterior. Las operaciones Jaque, Mate y Pastor han supuesto la detención de casi treinta personas en los últimos dos años.

Además de las detenciones, en el balance de actividades antiterroristas de 2015 hay que mencionar la incautación de un total de 30 armas de fuego y de 46 kilos de explosivo que estaban en manos de ETA. Un total de 19 revólveres de la marca Smith & Wesson y 11 pistolas, de la misma marca, fueron recuperados en las diferentes actuaciones policiales. Todas estas armas procedían del robo cometido por la banda en octubre de 2006, en plena tregua, en los almacenes de una armería situada en la localidad francesa de Vauvert, donde los terroristas se apoderaron de 404 armas. Del lote de armas robadas se habían recuperado 179 pistolas y revólveres en diferentes operaciones realizadas contra ETA desde 2006.

La incautación del armamento oculto en Biarritz tiene, al margen de la vertiente policial, una dimensión política destacada por un doble motivo. En primer lugar, porque ETA pretendía utilizar las armas reunidas en la casona de Biarritz para hacer un acto propagandístico de sellado, similar al realizado un año antes con miembros de la Comisión Internacional de Verificación. Esa escenificación estaba prevista que coincidiera con la celebración en París de la que se denominó «Conferencia Humanitaria para la paz en el País Vasco» que tuvo lugar el 11 de junio en locales de la Asamblea Nacional francesa.

En segundo lugar, la dimensión política de la Operación Brique se deriva del hecho de que ETA ha convertido el control de los zulos un instrumento de presión de cara a los Gobiernos de Madrid y París, por un lado, y un instrumento propagandístico al pretender movilizar un importante número de personajes y organismos del ámbito internacional para escenificar un supuesto desarme.

A partir de 2012 ETA llevó a cabo una reubicación de sus zulos, un cambio de escondites, tratando de aumentar la seguridad de los lugares de ocultación de su armamento, ya que había comprobado en los años anteriores que muchos de esos zulos estaban localizados y vigilados por las fuerzas de seguridad. La reubicación de los escondites se mostró eficaz, pues hasta 2015 no se había encontrado ninguno de ellos. Eso cambió con la localización del arsenal de Biarritz.

En este contexto cabe recordar las estimaciones de la policía francesa sobre las dimensiones de los arsenales de ETA. El comandante de la Policía Laurent Hury, al prestar declaración durante un juicio contra etarras en París el 16 de junio de 2015, señaló que la banda conservaba más de 200 armas cortas, así como más de 50.000 proyectiles de diferentes calibres, 500 kilos de polvo de aluminio, 28.000 placas de matrícula en blanco, ocho troqueladoras y cantidades indeterminadas de clorato de sodio, nitrometano, hexamina y componentes electrónicos. Algunas de estas cifras proceden de estimaciones lógicas: por ejemplo, determinar con exactitud cuántas armas conserva todavía ETA del robo cometido en octubre de 2006 en la armería de Vauvert. Otros datos, tal vez, podrían calcularse a partir de documentos incautados a la propia banda terrorista en los que, en ocasiones, aparecían inventarios de material. Pero resulta muy difícil saber qué armamento tiene procedente de compras realizadas en el pasado en el mercado negro que nunca han sido descubiertas.

En el ámbito judicial, una novedad destacada del año 2015 fue la decisión de la Audiencia Nacional de perseguir a dirigentes de ETA por el delito de lesa humanidad, algo que no había ocurrido nunca antes. La decisión judicial fue la respuesta a las querellas por un delito de genocidio presentadas por la Asociación Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero García y por Antonio Salvá Verd, padre de un guardia civil asesinado en Mallorca en 2009.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 consideró que los hechos denunciados no se ajustaban al tipo del delito de genocidio, pero podían ser constitutivos del delito de lesa humanidad previsto en el artículo 607 bis del Código Penal, tal y como mantenía el ministerio fiscal. De esta forma, el juez admitió a trámite parcialmente las querellas por delito de lesa humanidad a partir del 1 de octubre de 2004, dirigiendo la acción penal contra los integrantes de la dirección de ETA.

Como consecuencia de este procedimiento, en octubre, el Juzgado procesó a los exdirigentes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», Mikel Karrera Sarobe, «Ata»; Aitzol Iriondo y Aitor Elizaran.

Los denunciantes, ante la decisión de la Audiencia de no considerar el delito de genocidio, optaron por presentar una denuncia ante los tribunales argentinos en el mes de septiembre.

Principales detenciones en España

- 12 de enero. Operación Mate. La Guardia Civil detiene a 16 personas, entre ellas doce abogados de miembros de ETA, acusados de formar parte de la estructura de control de los reclusos de la banda terrorista. Tres detenidos ingresan en prisión y los restantes quedan en libertad con cargos. Estas detenciones eran la continuación de otra operación bautizada como Jaque, que tuvo lugar en enero de 2014 y que estaba dirigida también contra abogados y presuntos miembros de las estructuras de control de los reclusos.

- 25 de marzo. Operación Pastor. Como continuación de las anteriores operaciones Jaque y Mate, la Guardia Civil arrestó a cuatro personas acusadas de formar parte del «núcleo de coordinación» de las estructuras de control de los presos de ETA.

- 12 de febrero. Jorge Olaiz Rodríguez, antiguo miembro del «comando Kroma» que había cumplido condena, ingresa en prisión acusado de intento de asesinato de un edil de UPN en Pamplona.

- 16 de septiembre. Operación Lekanda. La Guardia Civil detiene en Otxandio (Vizcaya) a cuatro personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo y de organizar un homenaje a la miembro de ETA fallecida Lucía Urigoitia.

Principales detenciones realizadas en Francia

- 23 de enero. La policía francesa, en colaboración con el CNP, arresta en Saint-Palais a Sabin Mendizabal Plazaola, condenado en España por la colocación de un artefacto en la sede del PP de Ermua.

- 28 de mayo. Operación Brique (ladrillo). Capturados en Biarritz la ciudadana francesa Nathalie Chaserieux y el presunto miembro de ETA Enrique López Jurio como resultado de una investigación realizada por la DGSI francesa y la Guardia Civil. La mujer ocultaba en su vivienda una caja de armas que le había entregado el segundo.

- 7 de julio. Los presuntos dirigentes de ETA Ignacio Reta de Frutos y Xabier Goyenechea Iragorri, acusados de ser los responsables del aparato «técnico-logístico» de la banda, son capturados en la localidad vasco francesa de Osses tras una investigación de la DGSI y la Guardia Civil. También son arrestados tres ciudadanos franceses por dar alojamiento a los etarras.

- 7 de septiembre. La Policía Judicial francesa, en colaboración con el CNP, detiene en la localidad de Ciboure a Alberto Plazaola Anduaga, que había huido tras ser excarcelado en España para eludir una orden de reingreso en prisión.

- 22 de septiembre. Como resultado de una investigación bautizada como Operación Pardines por la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior de la policía francesa, los dos máximos dirigentes de ETA, Iratxe Sorzabal y David Plá, son capturados en la localidad vasco francesa de Baigorri. También es arrestado otro exdirigente de la banda, Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, que se encontraba reunido con los anteriores. Además, es detenido un ciudadano francés en cuya vivienda estaban los etarras.

- 6 de octubre. Egoitz Urrutikoetxea Lasquibar, hijo del dirigente de ETA Josu Ternera, es detenido en París por agentes de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), en colaboración con la Comisaría General de Información española, después de pasar varios años en la clandestinidad. Estaba reclamado por la justicia francesa, sin tener causas abiertas en España. Ingresó en prisión, aunque el 13 de noviembre fue puesto en libertad provisional a la espera de juicio.

Detenciones en otros países

- 25 de febrero. Carlos García Preciado, que tenía una condena pendiente de cumplir, es detenido en Roma como resultado de una investigación de la policía italiana y del Cuerpo Nacional de Policía.

- 6 de mayo. La policía mexicana, en colaboración con la Guardia Civil, detiene en la localidad de Aguascalientes a Hilario Urbizu San Román que tenía una reclamación judicial por un asesinato cometido a principios de los años ochenta.

Al margen de las operaciones contra la estructura de ETA, hay que mencionar la existencia de una actuación policial sostenida contra los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas a través de internet. Ejemplos de esa actuación son las bautizadas por la Guardia Civil como Operaciones Araña. Entre los días 19 y 20 de mayo, agentes del instituto armado desarrollaron la tercera operación de ese nombre con el arresto de 21 personas en toda España. En estos casos los detenidos son interrogados y las diligencias abiertas, con el material informático intervenido, son remitidas a la Audiencia Nacional para que continúen los procedimientos penales que procedan en cada caso. En las tres fases de esta operación fueron arrestadas unas sesenta personas.

En el mismo ámbito de la persecución del enaltecimiento del terrorismo se enmarca la Operación Pegatina, desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía el 17 de septiembre en Álava, donde se llevaron a cabo ocho detenciones acusados de participar en diversos actos públicos de las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria mostrando pegatinas con el anagrama de ETA y el lema de la banda terrorista. La Ertzaintza, por su parte, ha contabilizado 60 casos de actuaciones que suponen enaltecimiento del terrorismo entre los años 2014 y 2015, todas ellas, salvo tres, relacionadas con ETA.

Extradiciones o entregas temporales

Una parte importante de la lucha contra el terrorismo reside en la colaboración judicial internacional para perseguir a los miembros de grupos violentos que actúan o se ocultan más allá de las fronteras nacionales. A lo largo de 2015, un total de siete miembros de ETA fueron extraditados o entregados de forma temporal por la justicia francesa a la española para rendir cuentas por las causas abiertas en la Audiencia Nacional.

Además, hay que mencionar una octava extradición, en este caso desde Alemania a Francia, de otro miembro de ETA que había sido capturado en el primer país, pero que tenía sentencias pendientes de cumplir dictadas en su momento por los tribunales de París.

La relación de entregas de reclamados judiciales es la siguiente:

- 7 de enero. Las autoridades francesas extraditan a Jone Lozano Miranda, reclamada por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada.

- 12 de febrero. El miembro de ETA José Lorenzo Ayestarán Legorburu es extraditado y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, donde tiene requisitorias por los delitos de terrorismo, asesinato, tenencia ilícita de explosivos y armas, robo con violencia y colaboración con organización terrorista.

- 5 de marzo. La miembro de ETA Saioa Sánchez Iturregui es entregada de forma temporal durante cuatro meses para que declare ante la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo.

- 8 de junio. La justicia francesa entrega al miembro de ETA Sabin Mendizabal Plazaola, reclamado en dos sumarios de la Audiencia Nacional.

- 1 de julio. Francia entrega de forma temporal al miembro de ETA Alberto Ilundain Iriarte, reclamado por la Audiencia Nacional.

- 1 de septiembre. El miembro de ETA Iurgi Mendinueta Mintegi es entregado de forma temporal para que comparezca ante la Audiencia Nacional, donde tiene varios sumarios abiertos.

- 22 de septiembre. El miembro de ETA Javier Arruabarrena Carlos es entregado a la justicia española en virtud de una euroorden emitida por la Audiencia Nacional.

- 17 de noviembre. Las autoridades alemanas extraditan a Francia al miembro de ETA Tomás Elgorriaga Kunze, que estaba reclamado por los tribunales de París para cumplir cuatro condenas en rebeldía que tiene impuestas.

Por otro lado, las autoridades francesas expulsaron a territorio español a diez miembros de ETA tras cumplir las respectivas condenas impuestas por los tribunales de París. Todos ellos, salvo uno, quedaron automáticamente en libertad ya que no tenían causas pendientes en la Audiencia Nacional. El único que tenía un sumario abierto, Aitor Elizarán, quedó inicialmente en libertad aunque luego se dictó orden de detención.

La relación de expulsados es la siguiente:

- 13 de mayo. El miembro de ETA Oier Ardanaz Armendáriz es expulsado de territorio francés tras haber cumplido una condena de cinco años de cárcel. Queda en libertad por carecer de reclamaciones en España.

- 18 de mayo. Alexander Akarregi Casas es expulsado de Francia tras haber cumplido condena. Queda en libertad.

- 26 de junio. El miembro de ETA Borja Gutiérrez Elorduy queda en libertad tras ser expulsado de Francia al acabar de cumplir condena en este país.

- 2 de julio. Oier Oa Pujol es expulsado de Francia tras cumplir la condena impuesta por pertenencia a ETA.

- 1 de agosto. El miembro de ETA Juan Ángel Ochoantesana Badiola es expulsado de territorio francés después de cumplir la condena impuesta por los tribunales de París. Queda en libertad por no tener causas pendientes en España.

- 17 de agosto. Iñigo Elizegi Erbiti es expulsado de Francia al acabar de cumplir condena por pertenencia a ETA. Queda en libertad.

- 9 de octubre. José Ceberio Ayerbe es expulsado de Francia después de cumplir condena por pertenencia a ETA.

- 24 de octubre. Tras cumplir una condena de cinco años por pertenencia a ETA, Alberto Machain Beraza es expulsado de territorio francés.

- 3 de diciembre. Francia expulsa a la miembro de ETA Oihana Garmendia tras cumplir una condena de seis años de cárcel.

- 4 de diciembre. Francia expulsa por vía aérea al exjefe del aparato político de ETA Aitor Elizarán Aguilar, tras haber cumplido seis años de condena. En España está encausado en un sumario por un delito de lesa humanidad. Al llegar a Barajas quedó en libertad, aunque más tarde se ordenó su detención sin llegar a ser localizado. El 15 de enero de 2016 se presentó en el juzgado y quedó en libertad con medidas de control.

Por otra parte, a lo largo del pasado año un total de 83 presos vinculados a ETA quedaron en libertad en España y Francia, la mayoría de ellos por cumplimiento de las condenas que habían recibido en su momento. Algunos de los reclusos salieron a la calle en libertad provisional, bajo fianza o con medidas de control, mientras se instruyen los sumarios en los que están encartados.

Los presos de ETA continuaron el pasado año el camino judicial para tratar de conseguir el traslado a cárceles vascas. Ese proceso, organizado y planificado por las estructuras de control de los reclusos, se puso en marcha en 2014 con la presentación de peticiones ante los responsables penitenciarios reclamando el traslado. Al obtener una respuesta negativa, los reclusos llevaron la cuestión ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que, en el mes de marzo, comenzó a comunicar sus resoluciones desestimando la demanda de los presos. La cuestión llegó por vía de recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en octubre, dictó el primer fallo confirmando la decisión de la administración y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y rechazando la petición de los etarras presos.

Disidencias

La reclamación de la amnistía se ha convertido en la bandera que ha agrupado a los sectores de la izquierda abertzale críticos con la estrategia oficial de ETA y de Sortu. Los disidentes, aunque son minoritarios, protagonizaron en 2015 algunos episodios con los que trataron de mostrar su fuerza en público.

Los sectores críticos comenzaron a manifestarse en 2013. Primero en torno a un grupo bautizado como Ibil, acrónimo de Iraultzen Bilguneak (Comités Revolucionarios), y más tarde en torno a otras siglas, las de Amnistia ta Askatasuna, ATA, y las del Movimiento Pro Amnistía. Han sido las últimas las que han conseguido agrupar al mayor número de personas procedentes de la izquierda abertzale al convertir en bandera principal la amnistía para los presos, por encima de las veleidades ideológicas de extrema izquierda que representa Ibil.

La extensión de la disidencia se ha producido en el mundo de antiguos presos de la banda terroristas, mientras que entre los etarras que están ahora en las cárceles esas posturas no han tenido gran seguimiento. Tampoco parecen tenerlas entre quienes continúan todavía en activo en las estructuras de ETA. Sin embargo, la preocupación de la banda por ese movimiento crítico le llevó, en septiembre de 2014, a lanzar una advertencia pública mediante un comunicado en el que calificaba de «muy perjudiciales» las actuaciones de los sectores disidentes.

Esta facción, en 2015, realizó un par de actuaciones encaminadas a mostrar su fuerza, a poner en evidencia que los toques de atención de ETA no les habían frenado. El 11 de mayo difundieron una carta a favor de la amnistía suscrita por un total de 93 antiguos presos. La publicación de la carta se produjo apenas dos semanas después de que EH Bildu hubiera presentado el documento bautizado como «vía vasca hacia la paz» con propuestas de excarcelación de reclusos tras reconocer el daño causado.

La cuestión de la amnistía se ha convertido en el caballo de batalla que han elegido los críticos para marcar distancias con la estrategia adoptada por la banda y el resto de la izquierda abertzale, a los que acusan de haber abandonado esta reivindicación. Reclamar la amnistía se convierte, por tanto, en una forma de subrayar las diferencias con la actual estrategia de la izquierda abertzale.

La carta de mayo, encabezaba por el que fuera líder del grupo terrorista vasco francés Iparretarrak, Filipe Bidart, se convirtió en el pronunciamiento público más relevante habido sobre esta cuestión. Hasta entonces se conocían posicionamientos individuales, pero no había habido una toma de posición en grupo. Entre los firmantes de la misiva se encontraban Jon Iurrebaso Atutxa, acompañante de Josu Ternera en las conversaciones con Jesús Eguiguren y los representantes del Gobierno durante los años 2005 y 2006, el exmiembro del comando Vizcaya Jesús María Mendinueta Flores, el exmiembro del comando Tontorramendi Josu Ormaetxea Antépara y los también exmiembros de ETA Fermín Sánchez Agurruza, promotor de Ibil, y Jon Aldana Zelaia. Otros firmantes del escrito son José María Sagardui Moja, que cumplió más de treinta años de cárcel, Iñaki Erro Zazu, antiguo miembro del comando Donosti, José Luis Gallastegi Lagar, del comando Barcelona, o Bautista Barandalla, del comando Amaiur.

Nada menos que 77 firmantes de la carta son originarios de Vizcaya, lo que supone el 82% del total. Le siguen Navarra, con 11 firmantes, y Guipúzcoa con 6. Dos son de nacionalidad francesa y otros dos son catalanes que colaboraron en su día con el comando Barcelona. Finalmente, hay un firmante natural de Álava. Estos datos revelan que es Vizcaya el lugar donde más implantación tienen los sectores disidentes, seguido por Navarra. Resulta significativo, en cambio, la escasa representación de Guipúzcoa, a pesar de ser el territorio con mayor implantación y mayor peso de la izquierda abertzale.

El segundo movimiento de los críticos para mostrar su fuerza consistió en la convocatoria de una manifestación en Bilbao el 28 de noviembre, que fue respaldada por un número similar de antiguos presos de ETA.

Las tensiones entre los sectores críticos y la línea oficial de ETA se pusieron de manifiesto durante el juicio celebrado en París por el asesinato del policía francés Jean-Serge Nérin. Durante la sesión celebrada el 2 de diciembre del pasado año, los etarras Mikel Karrera, Arkaitz Agirregabiria, Joseba Fernández Aspurz, Iosu Urbieta, Izaskun Lesaka y Xabier Goienetxea, que se sentaban en el banquillo, aprovecharon su turno de palabra para leer un comunicado en el que, en referencia a los críticos, denunciaban los intentos de romper el colectivo de presos y la izquierda abertzale. Denunciaban que algunos de ellos habían recibido invitaciones para abandonar el colectivo que agrupa a los reclusos y defendían la estrategia oficial desarrollada tras el abandono del terrorismo.

Los sectores críticos, que se identifican como «Movimiento pro amnistía y contra la represión», respondieron a estas acusaciones calificando de «juego sucio» el comportamiento de los etarras juzgados en París.

Sortu considera a estos grupos fuera de la izquierda abertzale oficial y los cataloga con sujetos «contrarios a la resolución del conflicto político vasco».

Comunicados de ETA

Durante 2005, ETA difundió cinco comunicados, una de las cifras más bajas en mucho tiempo, aunque es una cifra similar a la del año anterior.

Dos de esos comunicados se difundieron como respuesta a operaciones policiales llevadas a cabo en España y Francia. Otro escrito sirvió para responder a una propuesta del Gobierno vasco realizada cinco meses antes, mientras que otros dos se difundieron en fechas simbólicas del nacionalismo vasco como es el Aberri Eguna y en Gudari Eguna.

Los comunicados dados a conocer por ETA fueron los siguientes:

- 30 de enero. ETA difunde un comunicado con motivo de la muerte por cáncer del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga. En el escrito, además, critica las operaciones policiales que habían afectado a abogados de presos etarras.

- 5 de abril. ETA da a conocer un comunicado con motivo de la celebración del Aberri Eguna.

- 8 de mayo. La banda terrorista rechaza mediante un comunicado la propuesta de desarme que había realizado el Gobierno vasco en el mes de diciembre. ETA tacha la propuesta de «instrumento para la confrontación política».

- 30 de mayo. Un comunicado de ETA, redactado en euskera, francés y castellano, critica la operación policial que permitió la incautación de un arsenal de la banda en Biarritz. Afirma que es «un ataque directo al proceso de sellado de los arsenales de ETA».

- 30 de septiembre. ETA difunde el comunicado habitual que da a conocer todos los años en torno a la celebración del Gudari Eguna, el 27 de septiembre. En esta ocasión aprovecha para criticar a los gobiernos de España y Francia por las actuaciones policiales realizadas, con especial referencia a la captura de los líderes de ETA David Plá e Iratxe Sorzabal ocurrida unos días antes.

Violencia callejera

Durante casi veinticinco años, los episodios de violencia callejera en el País Vasco fueron un complemento de la actividad terrorista de ETA. Cometida por miembros de las organizaciones del entorno de la banda terrorista, este tipo de violencia no sólo ocasionó importantes daños materiales, sino que fue utilizada como una herramienta por parte de sus protagonistas para condicionar la vida política de los vascos. Desde 1990 a 2014 se contabilizan 8.706 episodios de violencia callejera dirigida en un 63% de los casos contra empresas de todo tipo, desde oficinas bancarias a sedes de compañías de seguros, vehículos e infraestructuras de transporte, instalaciones de comunicaciones, etc.

La renuncia de ETA al terrorismo no ha supuesto la desaparición de este tipo de episodios, aunque subsiste en niveles que nada tienen que ver con el pasado. Durante 2015 se contabilizaron, al menos, 47 ataques, cifra muy alejada de los más de un millar habidos en 1996, año en el que la violencia callejera alcanzó su nivel más alto. Álava fue el territorio que registró más ataques el pasado año, con un total de 28 incidentes, seguida de Vizcaya, con 11, Guipúzcoa, con 6, y Navarra, con 2.

El episodio más grave de todos los registrados el pasado año tuvo lugar el 1 de noviembre cuando desconocidos incendiaron cinco autobuses en las cocheras de la empresa situadas en la localidad vizcaína de Loiu. Los daños ascendieron a dos millones de euros. Los autores justificaron el ataque como una muestra de apoyo al miembro de ETA encarcelado Ibón Iparragirre, al tiempo que hacían un llamamiento a utilizar «la violencia revolucionaria». El modus operandi empleado en este caso era similar al utilizado en otros dos episodios anteriores. El 20 de agosto de 2014 fueron quemados otros cinco autobuses, también en la localidad de Loiu, con daños valorados en un millón de euros. El 27 de septiembre siguiente se quemaron tres autobuses más, en esta ocasión en un garaje de Bilbao, provocando daños por 900.000 euros. En todos los casos en las inmediaciones de los escenarios de los incendios aparecieron octavillas con referencias a los presos de la banda terrorista.

Una parte importante de los episodios violentos registrados en 2015 se produjeron coincidiendo con determinadas fechas. Con motivo del 1 de Mayo se contabilizaron 17 ataques en diferentes localidades vascas y en el aniversario del 3 de marzo, fecha en la que una actuación policial, en 1976, provocó la muerte de cinco trabajadores en Vitoria, se registraron otros siete ataques.

A la hora de hacer balance hay que mencionar el hecho de que Ernai, la organización juvenil de la izquierda abertzale, se responsabilizara públicamente de algunos actos violentos. El 8 de octubre, por ejemplo, varios miembros de este grupo cortaron los soportes de un toro de Osborne localizado en Tudela (Navarra) y lo derribaron. Justificaron el ataque alegando que la silueta del toro era «un símbolo de la ocupación española del paisaje». El mismo grupo protagonizó también nueve actos violentos cometidos el 23 de noviembre en Vitoria.

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La violencia

anarco-insurreccional

Un total de 30 presuntos miembros de grupos anarquistas y antisistema fueron detenidos por las Fuerzas de Seguridad durante el año 2015 acusados de estar implicados en actividades violentas. La Policía autonómica catalana llevó a cabo nueve detenciones, mientras que las restantes fueron practicadas por la Policía Nacional.

Los grupos anarquistas e insurreccionalistas no llegaron a cometer ningún atentado en 2015 como los registrados en años anteriores, por ejemplo con las bombas colocadas en la catedral de La Almudena o la Basílica del Pilar. En cambio, sí llevaron a cabo actos de violencia urbana mediante sabotajes y ataques incendiarios contra entidades bancarias, vehículos, organismos públicos, etc. Esta clase de grupos se moviliza en protesta contra las detenciones de las Fuerzas de Seguridad, en apoyo a los presos o para atacar entidades en las que ven representado el capitalismo o símbolos de la Iglesia. La realización de pintadas es la forma más extendida en que se manifiesta este activismo, pero en ocasiones se va más allá mediante la destrucción de bienes, el incendio o el sabotaje.

El respaldo a los presos anarquistas es uno de los factores que más condiciona el activismo de los grupos afines, lo que les lleva a realizar concentraciones y manifestaciones de protesta u otro tipo de actuación.

A la gran mayoría de los detenidos el pasado año se les acusaba de estar relacionados con los Grupos Anarquistas Coordinados, una organización que se dio a conocer en junio de 2012 y a la que se considera responsable de más de un centenar de ataques y sabotajes contra cajeros automáticos y oficinas bancarias. Son protagonistas también de numerosos episodios de disturbios callejeros y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad como los graves incidentes registrados en Madrid el 22 marzo de 2014. A células anarquistas asociadas a los GAC se les atribuye igualmente las bombas colocadas en el catedral madrileña de La Almudena y en la basílica de El Pilar, en Zaragoza. El primero no llegó a explotar y el segundo causó diversos daños materiales en el interior del templo.

El movimiento anarquista actual se caracteriza por tener una amplia red de relaciones internacionales que tiene establecidas, en parte, gracias a internet. Hay un gran número de páginas de corte anarquista en las que se intercambian información sobre las actividades realizadas en un país o en otro, en las que se recaba solidaridad internacional, en las que se difunden manifiestos o en las que se discute sobre cuestiones doctrinales e ideológicas. Hay, además, un importante flujo de relaciones personales entre anarquistas y antisistema de diversos países.

Un ejemplo de esa densa red formada por el anarquismo internacional se puede apreciar en el arresto en diciembre de 2013 en Barcelona de cinco sospechosos de estar implicados en la colocación de una bomba en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. De los cinco detenidos, tres eran chilenos, uno argentino y otro italiano. Dos de los chilenos ingresaron en prisión y los otros quedaron en libertad provisional con cargos. Los dos encarcelados estaban acusados de haber participado en decenas de ataques violentos en su país natal.

La implicación de estos grupos en actos violentos ha hecho que la Audiencia Nacional se haya encargado de la instrucción de los correspondientes sumarios y que varias resoluciones judiciales contengan información y valoraciones sobre estas células anarquistas, sus actividades, sus relaciones y sus implicaciones.

Un auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del 4 de julio de 2014, señalaba que la existencia de los GAC se había dado a conocer el 17 de junio de 2012 mediante una comunicación difundida a través de páginas web de contrainformación.

«En dicho escrito, los GAC manifestaban sus dos ejes rectores: la construcción de un movimiento anarquista “fuerte y coordinado” y la creación de una herramienta que potencie la fuerza y las luchas que cada grupo participante mantiene en su territorio. Asimismo, también desgranaban sus principios, tácticas y finalidades», indicaba el juez. La resolución precisaba que los GAC eran una coordinadora de un número indeterminado de grupos de afinidad insurreccionalista, «idea novedosa dentro de esta rama del anarquismo que optimiza la capacidad de incidencia en la seguridad pública, ya que coordina y organiza la violencia, tanto en el ataque con artefactos incendiarios o explosivos a símbolos o representantes del sistema, como en su injerencia en movilizaciones colectivas con el fin de radicalizarlas y provocar episodios de fractura social».

El auto judicial señalaba que hasta la aparición de los GAC, un grupo de afinidad insurreccionalista «tenía una actividad anónima y sólo se comunicaba con el resto de grupos mediante la llamada “propaganda por la acción”. Según este principio, no hay comunicación entre grupos, y esta sólo se produce mediante los ataques que realizan».

Continuaba la resolución indicando que la aparición de una coordinadora como los GAC «permite el encuentro de diferentes grupos para, tal y como ellos mismos manifiestan, “aportar posibilidades, ideas y un marco donde poder ponerlas en común con la práctica”». La creación de una coordinadora de grupos «indica la necesidad de, por una parte, conseguir que los ataques tengan alguna incidencia en la realidad social y, por otra parte, poder comunicar la actividad desarrollada a personas ajenas al propio grupo actuante».

Otra resolución judicial, ésta dictada por el juez Javier Gómez Bermúdez el 18 de diciembre de 2014 en un sumario sobre este tipo de violencia, señalaba que «de la investigación de los Grupos Anarquistas Coordinados se extrae que sus miembros pudieran ser presuntos autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional».

El juez Gómez Bermúdez indicaba que en la Operación Pandora, desarrollada en Barcelona en diciembre de 2014 con la captura de 14 presuntos anarquistas, se habían incautado boletines internos, actas de reuniones y otros materiales de los GAC cuyos miembros se comunicaban de forma reservada utilizando servidores informáticos seguros. El magistrado consideraba que existían indicios para sustentar que los GAC eran «un punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas que individualmente considerados y sin la debida coordinación no podría lograr el objetivo final».

«Estos grupos actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular, provocando graves enfrentamientos con la policía y agrediendo a todo aquel que les haga frente», añadía la resolución que calificaba de este tipo de comportamientos como acciones con finalidad terrorista.

La dimensión internacional de los grupos anarquistas es contemplada también en las resoluciones judiciales. El auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de julio de 2014 hace referencia a la vinculación de los GAC con la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI), siglas que han acompañado las reivindicaciones de algunos de los atentados cometidos en España. Tres atentados cometidos en 2013 fueron asumidos por una célula que se hacía llamar «Club de artesanos del café para sus nuevos usos (ocasionalmente espectacular) FAI/FRI y Grupo Anticlerical para el fomento del uso del Juguete Sexual».

Las siglas de FAI-FRI comenzaron a difundirse a partir de 2008 vinculadas a sectores anarquistas italianos y griegos, extendiéndose a otros países a medida que grupos locales se adherían a la Federación. La dimensión internacional de FAI-FRI ha quedado de manifiesto en varias ocasiones en los últimos años, unas veces como consecuencia de actuaciones policiales u otras por los atentados cometidos a la sombra de esas siglas. En 2013, por ejemplo, la policía italiana, con apoyo de la alemana y la suiza, realizó una redada contra miembros de la FAI-FRI. Fueron capturados diez militantes de esa organización, uno de ellos un ciudadano español que en aquellas fechas se encontraba encarcelado en Alemania por delitos comunes y que posteriormente fue extraditado a España. En 2012 la FAI italiana envió tres cartas bomba a Alemania. La policía de este país logró desactivar uno de los artefactos y descubrió un mensaje en el que se reclamaba la puesta en libertad del ciudadano español.

Según el auto del JCI número 6 mencionado anteriormente, los colectivos más activos que están impulsando y coordinando la implantación de la FAI-FRI en España se encuentran en Barcelona. «Desde mediados del año 2012, coincidiendo con el proceso de implantación de la FAI-FRI en España, así como con la creación de los GAC, se han cometido una serie de atentados terroristas, de corte anarquista, en los que se aprecian unas características de actuación comunes, tanto en los objetivos (Iglesia, Monarquía, Capital, Estado) como en los medios utilizados para la comisión de los mismos (preferencia de los artefactos explosivos, en lugar de los incendiarios utilizados anteriormente)», indica la resolución judicial.

La Fiscalía General del Estado llega a hablar de un «triángulo mediterráneo anarquista» que engloba a Italia, Grecia y España, con grupos que mantienen fluidas relaciones, con intercambios personales. La actividad del «triángulo» se había extendido también a Francia y Alemania, según se constata a partir de 2012.

Valoración de la amenaza

Los atentados de los grupos englobados en el término de terrorismo anarco-insurreccional han desaparecido en los últimos dos años como consecuencia, según los análisis de la Fiscalía General del Estado, de la actividad policial, por un lado, y de la propia idiosincrasia de ese movimiento, aunque no ha desaparecido la violencia callejera. Como puede observarse en el cuadro que se reproduce más adelante, los últimos tres años han registrado una actividad policial creciente contra este tipo de violencia, que contrasta con lo que pasó durante los cinco años anteriores.

Los datos comparados de atentados y detenciones revelan cómo entre 2008 y 2013 hay una actividad violenta relativamente importante de los grupos anarquistas que no tiene una respuesta policial a su altura, salvo en el último año del periodo. A partir de 2013, en cambio, lo que hay es una respuesta eficaz de la policía que hace desaparecer los atentados que venían cometiendo estos grupos. La Fiscalía General, en la memoria correspondiente al año 2014, constata este proceso y destaca que «la actividad policial y judicial está demostrando una gran eficacia».

No obstante, hay que tener en cuenta también una cautela que constata la propia Fiscalía y que tiene que ver con las limitaciones del modelo de organización de los grupos anarquistas y con una mutación de sus actividades. «Al carecer de estructuras de liderazgo, logísticas, financieras y armadas propiamente dichas, las capacidades de los grupos anarquistas se ven seriamente afectadas y su crecimiento orgánico y armado es muy limitado. Este factor limitante impide que el anarquismo insurreccional español ejecute acciones violentas altamente sofisticadas», explica la Fiscalía.

Esa situación, junto con la eficacia policial, lleva a los grupos anarquistas a modificar su comportamiento: «Ante esta imposibilidad de desplegar su actividad terrorista, el insurreccionalismo encuentra un nicho de acción entre las manifestaciones y los conflictos sociales —indica la Fiscalía—. En un claro intento por instrumentalizarlas y radicalizarlas, el insurreccionalismo se infiltra en estos movimientos. Como resultado, lo que se puede prever como un conflicto social de baja peligrosidad, degenera en situaciones tales como el desatado en el desalojo de “Can Vies” en mayo o los violentísimos actos del 22 de marzo (de 2014), en que, por primera vez, se intenta matar a un policía».

La Fiscalía General anticipaba que 2015 podría ser un año sin atentados, como así ha resultado, y que las actividades insurreccionales estarían destinadas «a su recuperación orgánica y a mantener la estrategia de radicalización y violencia en los conflictos sociales».

Operaciones policiales contra grupos anarquistas en 2015

- 30 de marzo. Operación Piñata. La Policía Nacional, en una redada desarrollada en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, detiene a quince presuntos miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), a los que se acusa de pertenencia a organización criminal con fines terroristas y la comisión de sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios. Además, durante los registros llevados a cabo en el transcurso de la operación fueron arrestadas otras veinticuatro personas por delitos de resistencia.

- 29 de octubre. Operación Pirra. Los Mossos d’Esquadra detienen a siete hombres y dos mujeres en Barcelona y Manresa acusados de estar relacionados con los Grupos Anarquistas Coordinados.

- 5 de noviembre. Operación Ice. La Policía Nacional detiene en Madrid a seis acusados de formar un grupo anarquista radical encuadrado en el colectivo «Straight Edge» al que se imputan cuatro atentados con explosivos contra entidades bancarias de Madrid, otra en Barcelona y un establecimiento comercial de esta última ciudad. En los registros domiciliarios llevados a cabo se intervinieron pólvora, mechas, productos químicos así como instrucciones para elaborar artefactos explosivo y manuales explicativos bajo el título de «guerrilla urbana».

Ataques de violencia urbana protagonizados por grupos anarquistas

- 30 de enero. Madrid. Desconocidos rompen un cristal de una oficina de la Caixa y arrojan al interior un artefacto incendiario. En el exterior aparecen pintadas con símbolos anarquistas.

- 30 de enero. Cataluña. Nueve oficinas del Banco Santander ubicadas en las localidades de Mataró, Vilassar de Mar, El Masnou y Premia de Mar sufren actos de sabotaje en los respectivos cajeros automáticos.

- 31 de enero. Sevilla. Desconocidos provocan un incendio en el Centro de Experimentación Animal de la Universidad de Sevilla. En el exterior aparecen pintadas y símbolos anarquistas.

- 17 de febrero. Galicia. Un grupo autodenominado Asociación Libre e Informal de Salvajes asume la autoría de los daños causados a diversos vehículos en apoyo a presos en huelga de hambre.

- 20 de febrero. Barcelona. El cajero de una oficina del Banco Santander sufre daños como consecuencia de un incendio provocado.

- 30 de marzo. Barcelona. Manifestantes que protestaban por las detenciones realizadas en el marco de la Operación Piñata provocan daños en tres oficinas de la Caixa y en una inmobiliaria. En Madrid, en otros actos violentos relacionados también con protestas callejeras por la Operación Piñata, la Policía Nacional detiene a 29 personas.

- 1 de abril. Madrid. El CNP detiene a cuatro personas tras los incidentes violentos registrados en el transcurso de una concentración de apoyo a presos en huelga de hambre.

- 23 de junio. Barcelona. Incendiado el cajero de una oficina del Banco Santander por desconocidos que también rompen lunas de la entidad.

- 24 de junio. Zaragoza. Incendiado el cajero de una oficina bancaria de la entidad Bantierra.

- 29 de agosto. Pontevedra. Tres cajeros automáticos del Banco Santander y uno del Sabadell sufren daños intencionados. En otra oficina bancaria aparece una pintada anarquista.

Atentados y detenidos del terrorismo anarco-insurreccional

Fuente: Fiscalía General del Estado y medios de comunicación

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La deuda pendiente

de los GRAPO

El pasado año se cumplieron veinte años del secuestro del empresario Publio Cordón por parte de miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, que en 2015 cumplieron también cuarenta años desde que iniciaron su actividad terrorista. Más de ochenta asesinatos acumulan los GRAPO desde su creación, el último de ellos cometido hace diez años, el 6 de febrero de 2006. Las víctimas de este último atentado fueron un matrimonio de Zaragoza, el empresario Francisco Colell, que resultó herido grave, y su esposa, Ana Isabel Herrero, muerta por disparos de terroristas del GRAPO.

En la última década no se ha registrado actividad terrorista de este grupo, salvo actuaciones de carácter propagandístico, de solidaridad con los presos que continúan en prisión o comportamientos apologéticos de radicales afines al grupo terrorista.

La actuación de las instituciones policiales y judiciales, sin embargo, no ha cesado en este tiempo. Desde el año 2000 se ha detenido a medio centenar de personas acusadas de estar relacionadas con el GRAPO, aunque buena parte de ellas han ido recuperando la libertad, al igual que otros miembros del grupo terrorista detenidos con anterioridad, a medida que han ido cumpliendo condena.

La actividad más reciente de las instituciones en torno a esta organización está relacionada con el esclarecimiento de las circunstancias del secuestro de Publio Cordón y la muerte durante su cautiverio en territorio francés. Como continuación de esta línea de investigación, durante 2015 prosiguieron las tareas para tratar de localizar el cadáver del empresario enterrado en el monte Ventoux.

El 24 de septiembre de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González procesó por el secuestro de Cordón a los miembros del GRAPO María Victoria Gómez Méndez y José Antonio Ramón Teijelo. Este último fue encarcelado el 14 de octubre, mientras que Gómez se encontraba cumpliendo condena por otras causas.

El juez, en un auto, explicaba que «no se conocen las circunstancias concretas en que se produjo el fallecimiento» del secuestrado que, según el testimonio del también miembro del GRAPO Fernando Silva Sande, que colabora con las autoridades para tratar de localizar el cadáver, falleció a causa de las heridas sufridas al tratar de escapar de la casa en la que estaba retenido. La resolución del Juzgado Central de Instrucción número 3 recordaba que Publio Cordón fue capturado en Zaragoza y trasladado a Vitoria y desde aquí a la ciudad francesa de Lyon donde Ramón Teijelo había alquilado una casa para mantener cautivo al empresario. Teijelo, Gómez Méndez y Silva Sande, ya condenado, eran los encargados de vigilar a Cordón.

Tras producirse el fallecimiento cuando llevaba quince días secuestrado, los tres terroristas enterraron el cadáver en una zona del Mont Ventoux, sin que los rastreos que desde 2012 vienen haciendo la Guardia Civil y los servicios de información de la policía francesa para su localización hayan dado resultado. Sin embargo, los esfuerzos policiales y judiciales para encontrar los restos del empresario no se han detenido en ningún momento. Con nuevos datos aportados por Fernando Silva Sande, en octubre de 2015, el juez envió una comisión rogatoria a Francia para realizar un nuevo intento de búsqueda del lugar del enterramiento.

La localización de los restos de Publio Cordón constituye la deuda pendiente del GRAPO, una organización sin actividad terrorista en los últimos años, pero cuyos miembros, según constata la fiscalía, mantienen «la radicalidad y la firmeza en sus ideas a pesar del paso del tiempo y su estancia en prisión, no habiendo renunciado al empleo de la lucha armada para conseguir sus objetivos».

Los análisis que realiza la Fiscalía General del Estado en los últimos años subrayan que han sido las operaciones policiales desarrolladas durante la pasada década las que llevaron a este grupo terrorista «a un estado de extrema debilidad, con la mayoría de sus integrantes históricos en prisión o alejados de toda actividad por razones de edad, no solamente en el entramado político sino, lo que implica una mayor importancia, en la Comisión Militar». Los GRAPO se han encontrado con muchas dificultades para tratar de reconstruir su organigrama y alcanzar una mínima capacidad de funcionamiento.

«La organización terrorista carece de infraestructura clandestina y comandos operativos, focalizando su actividad en iniciativas dirigidas a demandar la puesta en libertad de sus presos, y a la intervención de miembros históricos en actos de concienciación y búsqueda de nuevos militantes en ambientes vinculados con la extrema izquierda; por ello, aun cuando no sea previsible a corto plazo su autodisolución, se considera muy poco probable que pueda cometer actos terroristas contra personas o bienes», indicaba la fiscalía.

En la calle, grupúsculos minoritarios, sin respaldo social alguno, realizan alguna actividad de apoyo a este grupo terrorista. Así, por ejemplo, en noviembre de 2014 se celebró un acto en la localidad alavesa de Llodio donde se profirieron gritos a favor de la lucha armada y de los presos del GRAPO, por lo que tres personas fueron detenidas por esos hechos y acusadas de enaltecimiento del terrorismo.

El 6 de abril de 2015, en Valencia, desconocidos dañaron dos vehículos de la Policía adscrita a la Comunidad Autónoma y realizaron pintadas de apoyo al GRAPO. El 23 de mayo, en León, la Policía Nacional identificó a cuatro personas sospechosas de haber realizado pintadas similares. Pocos días después, fue detenida otra persona en la misma ciudad acusada de enaltecimiento del terrorismo por realizar pintadas a favor del GRAPO.

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La violencia nacionalista

radical en Galicia

Diez personas fueron detenidas durante el año 2015 acusadas de estar relacionadas con Resistencia Galega, la organización que en 2014 fue declarada grupo terrorista en sendas sentencias de la Audiencia Nacional, primero, y del Tribunal Supremo más tarde. El año pasado no se registró ningún ataque de este grupo.

La actuación policial más significativa contra las ramificaciones de este grupo tuvo lugar el 31 de octubre de 2015. En esa fecha, la Guardia Civil llevó a cabo la Operación Jaro que se saldó con la detención de nueve personas presuntamente vinculadas a Resistencia Galega en las localidades de Vigo, Pontevedra, Ourense, Santiago, Boiro y Muros. Los detenidos formaban la dirección del grupo independentista Causa Galiza y fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo cometido por Resistencia Galega.

Al pasar a disposición judicial, el juez encargado del caso, Eloy Velasco, dejó en libertad a los detenidos, aunque con cargos ya que fueron imputados por pertenencia a organización terrorista y les fueron impuestas medidas restrictivas de control. También tomó la decisión de suspender cautelarmente las actividades de Causa Galiza durante dos años. El magistrado acusó al grupo suspendido de realizar actividades de enaltecimiento de Resistencia Galega y de otro grupo terrorista anterior, el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.

El Ministerio del Interior, al informar de los arrestos, había señalado que Causa Galiza había experimentado «una significativa radicalización de su mensaje contextualizando y ensalzando la actividad terrorista de Resistencia Galega (RG) y del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive y, en general, justificando la utilización de la lucha armada para la estrategia independentista». El grupo cuya actividad fue suspendida había sido creado como organización sucesora de otras entidades independentistas como Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) y Agrupación de Montaña Aguas Limpias (AMAL) que se disolvieron en 2014 a raíz de que Resistencia Galega fuera declarada organización terrorista.

Además de los arrestos relacionados con Causa Galiza, el 11 de marzo, como consecuencia de la colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Judicial portuguesa, fue detenido en el aeropuerto de Oporto un exrecluso que había sido condenado por la Audiencia Nacional por su vinculación con Resistencia Galega y que estaba pendiente de ingreso en prisión. En el momento de la captura se disponía a tomar un avión para trasladarse a Venezuela. El arrestado fue puesto en libertad en el mes de julio al ser absuelto por el Tribunal Supremo tras la vista de un recurso.

Apenas un mes antes de que se produjera esta detención en Oporto, el ministro español del Interior se había reunido con su colega portuguesa en Lisboa, Anabela Miranda Rodrigues. De la reunión salió el acuerdo de seguir trabajando juntos para evitar que Resistencia Galega estableciera una base en alguna zona del norte de Portugal. El ministro Jorge Fernández Díez declaró que Resistencia Galega era una organización «muy pequeña», pero pretendía «tener en el norte de Portugal algún tipo de base logística. Allí la cooperación con Portugal es muy intensa».

Durante el año 2015 no se registró ningún atentado cometido por el grupo terrorista gallego, confirmando la línea descendente que ya se había observado el año anterior, en el que sólo cometió un atentado, la colocación de una bomba en el ayuntamiento de Baralla (Lugo). A esa inactividad fue conducido el grupo por la actividad policial y judicial ya que, tal y como recoge la Fiscalía General del Estado en la memoria correspondiente a 2014, en este año se difundieron mensajes de RG invitando a participar en la «lucha armada» y anunciando «una nueva ofensiva armada» que acreditaban su voluntad de continuar con la violencia.

Un dato importante en la acción del Estado contra RG fue la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 24 de abril de 2014 en la que, por vez primera, se consideraba a esta organización un grupo terrorista, tal y como había establecido la sección tercera de la Audiencia Nacional en otra sentencia dictada en septiembre de 2013.

El alto tribunal, en respuesta a las alegaciones de la defensa, examinó las exigencias legales para definir lo que es un grupo terrorista y sostuvo que se daban plenamente en este caso. Como prueba de ello mencionaba «la existencia de un grupo de personas estable que para la defensa del independentismo gallego viene a admitir la fuerza y la violencia como el modo de conseguir sus objetivos, a espaldas de los mecanismos democráticos, y por ella admitiendo y hallándose entre sus cometidos los ataques violentos contra patrimonios y personas con finalidad de subvertir el orden constitucional».

El Supremo citó la jurisprudencia existente sobre la cuestión y señaló que para la consideración de un grupo como terrorista se requiere una «pluralidad de personas, existencia de unos vínculos y el establecimiento de relaciones de cierta jerarquía y subordinación. Tal organización tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de subvertir el orden democrático-constitucional, en definitiva actuar con, finalidad política, de modo criminal. Su estructura será compleja, pues sus componentes pueden abarcar diversas facetas o actuaciones (informativas, ejecutivas u operativas en cualquier orden) para la consecución de sus fines, uno de cuyos componentes será la comisión delictiva indiscriminada, con objeto de coaccionar socialmente para la imposición de sus objetivos finales».

El elemento subjetivo de la pertenencia a organización terrorista requiere la integración con «carácter más o menos permanente, pero nunca episódico, que, a su vez, exige participar en sus fines, aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración que, por razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan a la finalidad que persigue el grupo».

El Tribunal Supremo consideró que la sentencia de la Audiencia Nacional acreditaba estas circunstancias, ya que se demostraba que en los últimos años en Galicia «se ha producido un notable incremento de acciones violentas y atentados, algunos reivindicados y otros atribuidos a la denominada Resistencia Galega; organización autonómica dentro del entramado MLNG (Movimiento de Liberación Nacional Galego) presentando características definidas y reuniendo los requisitos necesarios que indican que se trata de una organización terrorista». Además consideró que las pruebas acreditaban que los recurrentes estaban integrados en una organización terrorista. «Es indudable que la organización “Resistencia Galega” a la que pertenecían los acusados pretendía subvertir el orden constitucional español», establecía el fallo del alto tribunal.

La Fiscalía General del Estado, en la memoria correspondiente al año 2014, consideró que la sentencia que calificaba de terrorista a RG tenía «una gran importancia» y resultaba «trascendental para combatir la amenaza independentista radical y violenta en Galicia». La Fiscalía consideraba que el fallo, por un lado, tenía «un efecto desmoralizador sobre los integrantes de la banda terrorista Resistencia Galega y demás militantes y simpatizantes que en algún momento puedan prestar algún tipo de apoyo a los terroristas». Por otra parte, dotaba de una herramienta muy eficaz a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicadas a combatir el terrorismo en Galicia, «puesto que el hecho de que se pueda investigar a todas las personas que conforman el entramado violento radical permite dar agilidad y fluidez a las investigaciones».

La historia de Resistencia Galega se inicia con la constitución de este grupo en el año 2005. Su actividad deja un saldo de 43 atentados y 44 detenciones por las fuerzas de seguridad.

Resistência Galega no fue el primer grupo violento aparecido en el nacionalismo independentista radical de esa comunidad autónoma ya que desde los años setenta del siglo pasado hay organizaciones de ese cariz. Los primeros grupos armados gallegos nacieron con el patrocinio de las diferentes ramas de ETA. En junio de 1975, miembros de ETA político militar mantuvieron contactos con militantes de la UPG en Ferrol encabezados por Ramón Reboiras, «Moncho». Los etarras aportaron armas y, junto a los militantes de la UPG, llevaron a cabo un asalto a las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad, de donde se llevaron cuatro mil tarjetas en blanco utilizadas para elaborar los DNI y los pasaportes. El botín fue repartido entre las dos organizaciones. El 12 de agosto del mismo año, sin embargo, Moncho Reboiras resultó muerto en un tiroteo con la policía, que capturó a los restantes miembros de su grupo.

La otra rama de ETA, la «militar», entró en contacto en 1978 con una organización de corte revolucionario, que se presentaba como marxista leninista y que se llamaba Loita Armada Galega. El líder del grupúsculo era Antón Arias Curto. Ese año, varios miembros del grupo gallego fueron entrenados por ETA en territorio francés, donde recibieron seis pistolas Firebird y una metralleta Stein.

Arias Curto, al igual que los integrantes de aquel primer grupúsculo, fue detenido por la policía, pero años más tarde volvió a constituir una nueva organización, el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe, por lo que fue detenido de nuevo y condenado. El EGPGC actuó entre 1986 y 1993 y cometió en esos años al menos 73 atentados. En el balance de víctimas hay que mencionar el asesinato del guardia civil Benedicto García Rizo, el 2 de febrero de 1989, y la muerte de tres personas —dos de ellas miembros del propio grupo terrorista— por la explosión de una bomba en una discoteca de Santiago de Compostela, el 11 de octubre de 1990.

Desmantelado el EGPGC a través de la actuación policial, a lo largo de la década de los 90 el nacionalismo gallego más radical formó diversas agrupaciones políticas. Un antiguo miembro del Exército, Antón García Matos, que cumplió seis años de cárcel por pertenencia a este grupo, constituyó en 1995 la Assembleia da Mocidade Independentista (AMI).

Un grupo de unas 25 personas, bajo el liderazgo de García Matos, crearon una nueva organización bautizada como Resistencia Galega, que se dio a conocer mediante un manifiesto difundido el 20 de julio de 2005. Varios de los componentes de este núcleo de AMI que dio lugar a Resistencia fueron detenidos en noviembre de 2005.

Un auto dictado en diciembre de 2012 por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional afirmaba que Resistencia Galega se formó «como heredera de EGPGC para continuar la lucha armada, es decir, el uso de la violencia contra sedes bancarias, multinacionales, empresas energéticas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces, catedráticos, empresas relacionadas con el turismo, obras públicas, de impacto ambiental, medios de comunicación, inmobiliarias, partidos políticos, sindicatos, etc. como medio para lograr lo que denominan la “liberación nacional y social”, atribuyéndoseles desde entonces numerosas acciones con artefactos incendiarios, explosivos, sabotajes, estragos y daños».

«Desde 1995 asistimos a una nueva resistencia gallega que utiliza la violencia política como un arma más de combate en el proceso de liberación nacional y social», indica la declaración dada a conocer en 2005 bajó el título de «Manifesto pola Resistencia Galega».

El magistrado Eloy Velasco, en el auto dictado el 11 de diciembre de 2012 hace referencia a García Matos, que se encuentra procesado en rebeldía desde 2006, indicando que es el «máximo dirigente de la organización terrorista Resistencia Galega, fundador y militante del EGPGC hasta su desarticulación definitiva en 1993». El juez lo identifica también como uno de los cofundadores de AMI, «que nace con el espíritu de ser heredera en la lucha del extinto EGPGC».

«En noviembre de 2005 —añade la resolución judicial— la Guardia Civil detuvo a once personas vinculadas al independentismo radical gallego, y de las que, puestas en libertad provisional, huyeron a la clandestinidad los que hoy se consideran sus máximos dirigentes: Antón García Matos y María Asunción Losada Camba».

La redada de la Guardia Civil que menciona el juez, bautizada como Operación Castiñeira, se saldó con el arresto de una docena de personas en las diferentes provincias gallegas, acusadas de formar parte de AMI. Los agentes efectuaron registros en las sedes de esta formación nacionalista. Las actuaciones judiciales, sin embargo, estuvieron peloteándose entre un juzgado de Santiago de Compostela y la Audiencia Nacional, que polemizaron sobre quién era el órgano competente para tramitar las diligencias correspondientes. En el tiempo que duró el conflicto de competencias se produjo la huida y pase a la clandestinidad de García Matos y Losada Camba, que todavía continúa.

El 3 de octubre de 2011, el grupo terrorista dio a conocer su segundo manifiesto: «Transcurridos más de seis años desde la publicación del primer Manifesto pola Resistencia Galega, consideramos la ocasión de hacer un pequeño balance y propiciar un momento de reflexión colectiva con el ánimo de reforzar el compromiso inequívoco con el futuro de nuestra nación», señala el texto.

La declaración terminaba asegurando que «la resistencia gallega continuará los ataques armados contra intereses del conglomerado de ocupación (…). Proseguirá los ataques contra todas las personas, organizaciones o instituciones comprometidas con el régimen de ocupación (…). Los enemigos de nuestra tierra deben saber que Galicia no se vende ni se destruye y que el pueblo gallego no se somete. Si se empeñan en lo contrario deberán atenerse a las consecuencias».

Al analizar el documento, el juez Eloy Velasco señala que los miembros de Resistencia Galega «cuentan con que, al menos, durante dos décadas no se den las condiciones que posibiliten un cambio soberanista, afirmando que “el independentismo gallego nunca estuvo tan fuerte como cuando supo compaginar inteligentemente todos los frentes de lucha, a la vez que nunca creció tanto como cuando la lucha armada estuvo presente en Galicia con el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, con cuya lucha guerrillera, alcanzó su mayor subida en los procesos electorales”. Muestran una intención decidida de continuidad en lo que denominan actividades armadas de lucha, conflicto y resistencia».

Según el magistrado, Resistencia Galega estaba conformada por dos estructuras, una ilegal y clandestina, «que incluye tanto el nivel operativo como el ideológico, siendo la responsable de la mayoría de los atentados terroristas con artefactos explosivos y sistemas temporizados», y otra legal compuesta por organizaciones «que dinamizan la estrategia del aparato clandestino».

La Fiscalía General del Estado, en su última memoria anual, dada a conocer en 2015, hacía una valoración de la amenaza representada por Resistencia Galega. Indicaba que este grupo «mantiene la intención y cuenta con la suficiente capacidad operativa para llevar a cabo acciones violentas como las perpetradas, atesorando asimismo, el apoyo social de las organizaciones satélites del entramado del MLNG; representando por ello una amenaza potencial, por lo que se prevé que no cederán en su actividad violenta y reivindicativa a lo largo de este 2015». Entre los elementos que la Fiscalía tomaba en cuenta para establecer la voluntad de continuidad del grupo terrorista estaba un vídeo difundido por su líder y fundador, en la clandestinidad desde hace casi una década, llamando a continuar la «lucha armada».

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Cuadros estadísticos

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Datos de contacto

de asociaciones y fundaciones

de víctimas del terrorismo

Asociaciones

Asociación Víctimas del Terrorismo

Persona de contacto: Natalia Moreno (Departamento Psicosocial)

Teléfono: 91 594 07 99

Correos electrónicos: avt@avt.org / medios@avt.org

Web: www.avt.org

Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

Teléfono: 91 332 04 44 / Fax: 91 331 93 82

Dirección: C/ Puentelarra, 7 - locales 3 y 4. 28031 Madrid

Web: www.asociacion11m.org

Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M

Personas de contacto: Ángeles Domínguez (Presidenta) / Ana Rodríguez

(Área de Prensa y Comunicación)

Teléfono: 91 311 84 32

Correo electrónico: comunicacion@ayuda11m.org

Web: www.ayuda11m.org

Asociación Dignidad y Justicia

Personas de contacto: Daniel Portero (Presidente) / Víctor Valentín

(Vicepresidente)

Dirección: Centro Comercial Puerta de Toledo. Madrid

Correo electrónico: victorcotobal@hotmail.com

Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT)

Persona de contacto: Francisco Zaragoza Lluch (Presidente)

Teléfonos: 96 137 00 50 / 608 860 270

Dirección: Apartado de Correos n° 183. 46980 Paterna (Valencia)

Correos electrónicos: acfsevt@acfsevt.es / franzar@acfsevt.es

Web: www.acfsevt.es / Facebook: www.facebook.com/ACFSEVT

Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)

Contacto: Gabinete de Prensa

Teléfonos: 687 159 968 / 943 32 28 88

Correos electrónicos: prensa@covite.org / correo@covite.org

Web: www.covite.org

Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo

Persona de contacto: José Agustín Larrinaga (Secretario)

Teléfono: 627 467 841

Correo electrónico: admin@aserfavite.es

Web: www.aserfavite.es

Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo

Persona de contacto: Joaquín Vidal Ortiz (Presidente)

Teléfono: 95 457 11 47

Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo

Persona de contacto: Joaquín Vidal Ortiz (Presidente)

Teléfono: 95 457 11 47

Web: www.aavt.net

Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT)

Persona de contacto: José Vargas (Presidente)

Teléfono: 665 260 214

Correo electrónico: economica@acvot.org

Web: www.acvot.org

Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo

Persona de contacto: José María Antón (Presidente)

Teléfono 648 017 749

Correo electrónico: asexvite@asexvite.es

Web: www.aevt.es

Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE)

Persona de contacto: Lucía Jiménez (Presidenta)

Dirección: Apartado de Correos n° 220. 35100 Maspalomas (Gran Canaria)

Correo electrónico: acavitecanarias@yahoo.es

Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT)

Dirección: Apartado de Correos n° 463. 26080 Logroño (La Rioja)

Teléfonos: 649 834 339 / 618 328 659

Correo electrónico: arvt@arvt.org

Web: www.arvt.org

Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCYL)

Persona de contacto: Juan José Aliste Fernández (Presidente)

Teléfono: 628 723 488

Correo electrónico: avtcyl@gmail.com

Asociación S.O.S Víctimas España

Correo electrónico: unodosuno@sos-victimas.es

Web: www.sos-victimas.es

Asociación Zaitu (en pro de los amenazados, perseguidos y exiliados por causa de ETA)

Teléfono: 620 220 296

Dirección: Apartado de Correos n° 24. 48640 Berango (Bizkaia)

Correo electrónico: zaituolaeta@gmail.com

Fundaciones

Fundación Víctimas del Terrorismo

Teléfono: 91 395 23 77

Apartado de correos n° 46453. 28080 Madrid

Correo electrónico: fundacionvt@fundacionvt.org

Web: www.fundacionvt.org

Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril

Dirección: C/ Recaredo, 4 - entreplanta. 41003 Sevilla

Teléfono: 95 547 15 90 / Fax: 95 547 15 95

Web: www.fundacionalbertojimenez-becerril.org

Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa

Persona de contacto: Eduardo Mateo Santamaría

Teléfono: 945 23 40 47

Correo electrónico: info@fundacionfernandobuesa.com

Web: www.fundacionfernandobuesa.com

Fundación Tomás Caballero. En Navarra con las Víctimas del Terrorismo

Persona de contacto: Tomás Caballero (Presidente)

Teléfono: 948 25 78 00

Correo electrónico: info@fundaciontomascaballero.org

Fundación Profesor Manuel Broseta

Teléfono: 96 392 23 17

Correo electrónico: broseta@fundacionbroseta.com

Web: www.fundacionbroseta.org

Notas

[1] The Soufan Group. Foreign Fighters. An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq. (Regreso al texto)

[2] Reinares, Fernando y García-Calvo, Carola. «Los yihadistas en España: perfil sociodemográfico de condenados por actividades terroristas o muertos en acto de terrorismo suicida entre 1996 y 2012». 2013. (Regreso al texto)

[3] Reinares, Fernando y García-Calvo, Carola. «Terroristas, redes y organizaciones: facetas de la actual movilización yihadista en España». 2015 (Regreso al texto)